La justicia de Colombia propinó el miércoles una derrota por partida doble al presidente Iván Duque en su intento de modificar el pacto de paz con las FARC y mantener en prisión a un exjefe rebelde requerido por Estados Unidos bajo sospecha de narcotráfico.
En sendos fallos, altos tribunales dejaron sin piso las objeciones planteadas por el mandatario conservador a algunos puntos del acuerdo que puso fin a un conflicto armado de medio siglo, y ordenaron la excarcelación de Jesús Santrich, acusado de planear un envío de cocaína después de dejar las armas.
La Corte Suprema de Colombia ordenó el miércoles dejarlo en libertad, después de que otro tribunal le reconoció su condición de congresista que le da un fuero especial ante la justicia.
Con la decisión Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, será investigado y juzgado por la Corte Suprema, el más reciente fallo en medio de una larga disputa judicial sobre su detención y posible extradición.
El líder de las FARC está detenido en la sede de la Fiscalía General de Bogotá desde hace casi dos semanas después de que, cuando salía de una cárcel, fue recapturado por orden de un juez que tuvo en cuenta nuevas evidencias que presuntamente probarían su responsabilidad en un plan para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
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La decisión del juez se produjo después de que la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado de más de medio siglo con las FARC, negó la extradición a Estados Unidos de Hernández y ordenó su libertad.
"Sería entonces contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido. Por eso, se impone otorgarle la libertad. Esta decisión es una de las manifestaciones del control constitucional que tienen que ejercer todos los administradores de justicia", dijo la corte en un comunicado.
No obstante, el Presidente Iván Duque respaldó la solicitud de la Procuraduría General de la Nación de pedir a la Corte Suprema de Justicia que ordene, nuevamente, la captura del exguerrillero de las FARC.
“El narcotráfico es un delito que le ha hecho un daño enorme a esta sociedad, y es un delito que tenemos que enfrentar con firmeza y con determinación, sin aspavientos y sin dubitaciones. Y no podemos dejar de llamar las cosas por su nombre: alias ‘Jesús Santrich’ es un mafioso”, afirmó Duque.
Las leyes colombianas otorgan una condición especial a los congresistas para que sean investigados y juzgados por la Corte Suprema y no por la Fiscalía General.
El exnegociador en Cuba y líder de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no se posesionó como legislador tras su captura en abril de 2018, pero el Consejo de Estado lo reconoció como congresista.
La Fiscalía de Colombia y el Gobierno sostienen que Hernández, de 52 años, negoció el cargamento de cocaína después de la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, por lo que no debe tener los beneficios de la JEP que contemplan la no extradición y penas más benévolas que la justicia ordinaria.
Pero la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político que surgió de la otrora guerrilla tras el acuerdo de paz firmado para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados, sostiene que se trata de "un montaje".
Santrich siempre ha proclamado su inocencia y asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y de la fiscalía colombiana.
Otro golpe
Pese a la polarización que envuelve al país desde la firma del histórico acuerdo de paz en noviembre de 2016 y a que no cuenta con mayorías sólidas en el Congreso, con nueve meses en el poder, Duque se ha empecinado en sacar adelante su principal promesa de campaña: modificar lo pactado con la disuelta guerrilla.
Duque -quien también arrastra un saldo rojo en las encuestas- insistió en sus críticas a los compromisos suscritos con los rebeldes, alegando que dejaban en la impunidad a los responsables de delitos atroces e impedían la extradición de narcotraficantes, lo que siempre fue catalogado como falso por los defensores del pacto.
La Corte Constitucional cerró definitivamente la puerta a los reparos planteados por el mandatario, vía legislativa, y le ordenó promulgar la ley que sustenta el sistema de justicia de paz, columna vertebral del histórico pacto.
“Acato la decisión”, dijo Duque, aunque sin renunciar a su propósito de “corregir las cosas que no están saliendo bien”. “Tenemos que seguir construyendo una paz con legalidad y sin impunidad”, agregó en un acto público en Bogotá.
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El presidente planteó seis modificaciones con la idea de fondo de supuestamente impedir que narcotraficantes se cuelen en el proceso de paz y eludan la extradición por medio de su contribución a la verdad del conflicto y de garantizar la plena reparación de afectados por la guerra.
En su intervención, el mandatario colombiano reiteró que si bien acata la decisión de la Corte en el sentido de no aceptar las objeciones a la Ley Estatutaria, “tenemos que reflexionar sobre las herramientas que deben seguir abiertas para corregir las cosas que no están saliendo bien”, y aseguró que “por eso, tenemos, todos, que seguir construyendo la paz con legalidad y sin impunidad”.
“Políticamente es una derrota (…) en la estrategia jurídica, como de la postura que ha tomado frente al acuerdo de paz y la implementación”, comentó a la AFP Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac).
En su opinión, el mandatario podría sin embargo aprovechar esta coyuntura “para relanzar su gobierno (…) deshaciéndose de las demandas de los extremos radicales de su partido”.
El pacto de paz prevé que los mayores responsables dentro del conflicto, ya sean guerrilleros, militares o civiles, no sean extraditados si cuentan la verdad, reparan a sus víctimas y nunca más ejercen la violencia.
