La noticia de que podría alcanzarse la paz con las FARC ha dado nuevo aliento a los colombianos, que durante décadas han visto desangrarse al país a manos de guerrilleros alzados en armas en nombre de la justicia social contra las instituciones del Estado y que luego revelaron no ser otra cosa que vulgares delincuentes, terroristas y narcotraficantes.
Pero si las expectativas son muchas, la posibilidad de poder concertar un acuerdo honorable con grupos que durante tantos años además de actores políticos han sido protagonistas del crimen todavía pende de un hilo. Después de dos infructuosos intentos por lograr la paz con la guerrilla, en la década de 1980 y bajo la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), el pueblo colombiano no pierde nada, el gobierno aparentemente tampoco. Sin embargo a las FARC no le queda otra opción real.
Los éxitos alcanzados en los últimos años por las fuerzas armadas contra la guerrilla, primero bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y ahora durante el de Juan Manuel Santos; la muerte de cinco de sus principales cabecillas, y las deserciones en masa dentro de sus filas, no dejan a las FARC claramente otra salida que la de ser derrotados militarmente o claudicar.
Pero su intención, obviamente no es esa. La instalación oficial de la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno colombiano y los de la guerrilla en Oslo (Noruega) es un hecho meramente simbólico. Los acercamientos preliminares estuvieron negociándose en La Habana entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de este año, y va a ser precisamente en Cuba donde se llegue o no a un acuerdo.
No es casual que las conversaciones tengan lugar luego de sonadas derrotas militares de las FARC, sino cuando además Cuba –cuyo gobierno ha sido por décadas mentor y gestor de las guerrillas en el continente— esté apostando a nuevos modelos de poder con fachada electoral para la extrema izquierda latinoamericana. Ejemplos más representativos: Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.
El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” ha dicho que la guerrilla va a las conversaciones sin “arrogancias ni rencores” y que está dispuesta a desmovilizarse, pero que sus hombres llegan a “este nuevo intento de reconciliación asediados”. La frase es un reproche a la decisión del presidente Santos de que mientras se dialogue no habrá alto el fuego.
Para llenar de tranquilidad al país y también como respuesta a quienes critican su decisión de sentarse a hablar con las FARC –y tal vez también con el ELN- , un enemigo prácticamente vencido, Santos ha dicho que esta vez no habrá despeje de territorios ni cese de operaciones militares, que la mesa de diálogo tendrá tiempo limitado, “meses, no años” y que si “no hay avances, sencillamente no seguimos".
A pesar de que la guerrilla dijo que ya no tiene rehenes porque renunciaron a los secuestros como “política”, Clara Rojas, quien estuvo años secuestrada por las FARC tras ser capturada junto a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, dijo tener constancia de que en lo que va de 2012 la guerrilla ha tomado como rehenes entre 10 y 15 civiles, por los que ha pedido rescate.
Antes de que se conocieran los nombres de los negociadores de las FARC, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, aseguró que las órdenes de captura que pesan sobre ellos serían levantadas, lo que en materia jurídica sería uno de los puntos más controversiales del diálogo, puesto que los tres cabecillas designados por la guerrilla para encabezar las negociaciones enfrentan 268 órdenes de captura y condenas, entre otros delitos, por asesinato, terrorismo, narcotráfico, secuestro y extorsión.
Se trata de Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', número dos de las FARC; "Jesús Santrich", miembro del Estado Mayor de la guerrilla y cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte, y Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, “Simón Trinidad”, que cumple en EE.UU. 60 años de cárcel por el secuestro en 2003 de tres estadounidenses, y cuya participación en las negociaciones ha sido calificada de “irreal” por el presidente colombiano.
Además de lo peliagudo que sería sin duda eximir de crímenes a los principales cabecillas de la guerrilla, muchos de ellos perseguidos por la justicia no sólo colombiana sino también por la estadounidense, el proceso de paz emprendido por Santos tiene sus detractores en la propia Colombia, quienes alegan que no se puede confiar en las FARC, que el diálogo debilita la política de seguridad nacional, y que no se debe negociar con un enemigo que está casi aniquilado.
El mayor crítico es el expresidente Uribe, quien sostiene que además de erróneo es “grave” dar inicio a un proceso de paz “sin el cese de actividades criminales por parte del terrorismo”.
Pero si las expectativas son muchas, la posibilidad de poder concertar un acuerdo honorable con grupos que durante tantos años además de actores políticos han sido protagonistas del crimen todavía pende de un hilo. Después de dos infructuosos intentos por lograr la paz con la guerrilla, en la década de 1980 y bajo la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), el pueblo colombiano no pierde nada, el gobierno aparentemente tampoco. Sin embargo a las FARC no le queda otra opción real.
Los éxitos alcanzados en los últimos años por las fuerzas armadas contra la guerrilla, primero bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe, y ahora durante el de Juan Manuel Santos; la muerte de cinco de sus principales cabecillas, y las deserciones en masa dentro de sus filas, no dejan a las FARC claramente otra salida que la de ser derrotados militarmente o claudicar.
Pero su intención, obviamente no es esa. La instalación oficial de la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno colombiano y los de la guerrilla en Oslo (Noruega) es un hecho meramente simbólico. Los acercamientos preliminares estuvieron negociándose en La Habana entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de este año, y va a ser precisamente en Cuba donde se llegue o no a un acuerdo.
No es casual que las conversaciones tengan lugar luego de sonadas derrotas militares de las FARC, sino cuando además Cuba –cuyo gobierno ha sido por décadas mentor y gestor de las guerrillas en el continente— esté apostando a nuevos modelos de poder con fachada electoral para la extrema izquierda latinoamericana. Ejemplos más representativos: Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.
El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” ha dicho que la guerrilla va a las conversaciones sin “arrogancias ni rencores” y que está dispuesta a desmovilizarse, pero que sus hombres llegan a “este nuevo intento de reconciliación asediados”. La frase es un reproche a la decisión del presidente Santos de que mientras se dialogue no habrá alto el fuego.
Para llenar de tranquilidad al país y también como respuesta a quienes critican su decisión de sentarse a hablar con las FARC –y tal vez también con el ELN- , un enemigo prácticamente vencido, Santos ha dicho que esta vez no habrá despeje de territorios ni cese de operaciones militares, que la mesa de diálogo tendrá tiempo limitado, “meses, no años” y que si “no hay avances, sencillamente no seguimos".
A pesar de que la guerrilla dijo que ya no tiene rehenes porque renunciaron a los secuestros como “política”, Clara Rojas, quien estuvo años secuestrada por las FARC tras ser capturada junto a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, dijo tener constancia de que en lo que va de 2012 la guerrilla ha tomado como rehenes entre 10 y 15 civiles, por los que ha pedido rescate.
Antes de que se conocieran los nombres de los negociadores de las FARC, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, aseguró que las órdenes de captura que pesan sobre ellos serían levantadas, lo que en materia jurídica sería uno de los puntos más controversiales del diálogo, puesto que los tres cabecillas designados por la guerrilla para encabezar las negociaciones enfrentan 268 órdenes de captura y condenas, entre otros delitos, por asesinato, terrorismo, narcotráfico, secuestro y extorsión.
Se trata de Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', número dos de las FARC; "Jesús Santrich", miembro del Estado Mayor de la guerrilla y cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte, y Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, “Simón Trinidad”, que cumple en EE.UU. 60 años de cárcel por el secuestro en 2003 de tres estadounidenses, y cuya participación en las negociaciones ha sido calificada de “irreal” por el presidente colombiano.
Además de lo peliagudo que sería sin duda eximir de crímenes a los principales cabecillas de la guerrilla, muchos de ellos perseguidos por la justicia no sólo colombiana sino también por la estadounidense, el proceso de paz emprendido por Santos tiene sus detractores en la propia Colombia, quienes alegan que no se puede confiar en las FARC, que el diálogo debilita la política de seguridad nacional, y que no se debe negociar con un enemigo que está casi aniquilado.
El mayor crítico es el expresidente Uribe, quien sostiene que además de erróneo es “grave” dar inicio a un proceso de paz “sin el cese de actividades criminales por parte del terrorismo”.
