Un exmilitar colombiano compareció el viernes por primera vez en una corte federal de Miami para escuchar las cinco acusaciones que enfrenta por su presunta participación en un ataque de hace más de un año a una base militar en Cúcuta, en la frontera de su país con Venezuela.
Entre los cargos que enfrenta Andrés Fernando Medina Rodríguez, de 39 años, están los de asociación ilícita para matar a soldados de Estados Unidos e intento de asesinato.
Medina Rodríguez, que fue extraditado desde Colombia, tendría vínculos con las disidencias de las FARC, que reconocieron la autoría del ataque a la base militar.
En Colombia está vinculado a dos procesos judiciales. Uno de ellos por el atentado a la base militar el 15 de junio de 2021 y el otro por presuntamente participar el 25 de junio de ese mismo año en un ataque con ráfagas de fusil al helicóptero en el que se transportaba el entonces presidente Iván Duque (2018-2022), quien salió ileso.
De acuerdo a las acusaciones que enfrenta en el sur de la Florida, Medina Rodríguez y otros compañeros planearon el ataque con bombas contra soldados estadounidenses que se encontraban en la base militar de Cúcuta.
Medina Rodríguez utilizó su condición de retirado del ejército colombiano para acceder a la base militar, donde realizaba tareas de vigilancia que le habrían permitido tomar fotos y videos de las áreas donde permanecían los soldados estadounidenses, según los documentos judiciales.
Uno de sus socios le enseñó cómo encontrar y comprar un vehículo que pudieran utilizar como coche bomba, y Medina Rodríguez compró una camioneta SUV blanca. Junto a sus socios, llegaron manejando en el vehículo a Venezuela, donde la cargaron de explosivos, de acuerdo con las acusaciones.
El 15 de junio de 2021 estacionaron la camioneta frente a la base militar. Medina Rodríguez hizo detonar los explosivos antes de huir en una motocicleta que manejaba otro de sus conspiradores, según los documentos que describen los cargos. Tres soldados estadounidenses resultaron heridos.
En Colombia, el abogado defensor de Medina Rodríguez trató de evitar que se avalara la extradición del exmilitar, diciendo a la Corte Suprema de Justicia que había sido informado por parte de las disidencias de las FARC que estaba entre la lista de personas escogidas como “gestores de paz”, una figura con la que se pueden suspender órdenes de captura con fines de extradición para adelantar diálogos de paz con el gobierno colombiano. La Corte negó la pretensión en abril de 2023, cuando avaló la extradición a Estados Unidos.
