Se supone que los vehículos a prueba de balas que el gobierno de Colombia asigna a cientos de personas de alto riesgo los hacen más seguros. Pero cuando una reportera de investigación descubrió que todos tenían rastreadores GPS, solo se sintió más vulnerable e indignada.
Nadie le había informado a Claudia Julieta Duque, ni aparentemente a ninguno de los más de 3.700 periodistas, activistas de derechos humanos y líderes laborales e indígenas que usan los vehículos, que los dispositivos vigilaban constantemente su paradero. En el caso de Duque, sucedió cada 30 segundos. El sistema también podría apagar de forma remota el motor del SUV.
Colombia se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, con más de 500 muertos desde 2016. También es un país donde los extremistas de derecha tienen un historial de infiltración en los organismos de seguridad nacional. Para Duque, la revelación del GPS fue escalofriante: los movimientos de personas que ya estaban en riesgo de asesinato político estaban siendo rastreados con tecnología que los malos actores podían usar como armas contra ellos.
“Es algo súper invasivo”, dijo Duque, quien ha sido un objetivo persistente de los agentes de seguridad deshonestos. “Y al estado no parece importarle”.
La agencia gubernamental responsable dijo que los rastreadores se instalaron para ayudar a prevenir robos, rastrear a los guardaespaldas que a menudo conducen los vehículos y ayudar a responder a situaciones peligrosas.
Durante una década, Colombia había estado instalando rastreadores en los vehículos blindados de personas en riesgo y personalidades importantes, incluidos presidentes, ministros de gobierno y senadores. El director de la agencia hizo esa revelación después de que Duque supiera el año pasado a través de una solicitud de registros públicos que el sistema estaba registrando la ubicación de su camioneta un promedio de cinco veces por hora.
El director descartó las preocupaciones sobre la privacidad y calificó la práctica de "fundamental" para garantizar la seguridad.
Considerando que el rastreador era un peligro para ella y sus fuentes, Duque presionó para obtener detalles sobre sus características exactas. Pero la Unidad Nacional de Protección, conocida como UNP en español, ofreció poco. Luego exigió a la agencia que retirara el dispositivo. Se negó. Así que en febrero, Duque devolvió el vehículo, salió del país y presentó una impugnación legal.
Ahora, de vuelta en Bogotá, espera satisfacción cuando Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, asuma el cargo el 7 de agosto.
El equipo de transición de seguridad nacional de Petro no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre el asunto.
Cualquiera que sea la acción que tome la nueva administración se reflejará en su compromiso declarado con los derechos humanos y su capacidad para reformar un establecimiento de seguridad nacional dirigido durante mucho tiempo por enemigos políticos acérrimos.
La UNP es un pilar de ese establecimiento. Emplea, en su mayoría como guardaespaldas, a decenas de exagentes de la deshonrada agencia de seguridad interna DAS, que fue disuelta en 2011 después de que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe abusara de ella para espiar a jueces de la Corte Suprema, periodistas y opositores políticos.
Entre ellos, destacaban el propio Petro y Duque.
Fue vigilada, amenazada e intimidada por agentes del DAS después de descubrir pruebas de que el asesinato en 1999 del querido humorista y activista por la paz Jaime Garzón fue un crimen de Estado. El reportaje de Duque finalmente ayudó a condenar a un exsubdirector del DAS por el asesinato, y otros tres exfuncionarios del DAS fueron condenados por tortura psicológica por amenazar la vida de Duque y su hija.
Están pendientes los juicios contra otros ocho. A pesar de todo, las amenazas la obligaron a exiliarse temporalmente casi una docena de veces.
Las preguntas sobre los dispositivos GPS se sumaron a las crecientes preocupaciones sobre una agencia que alguna vez se ubicó entre las más efectivas de América Latina en la protección de los derechos humanos. Adam Isacson, analista de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, dijo que la UNP se volvió menos receptiva, más politizada y más penetrada por la criminalidad bajo el gobierno conservador saliente.
“Dado que los líderes sociales fueron asesinados casi cada dos días durante los últimos cuatro años, este fue el peor momento para que la unidad se desorganizara”, dijo. La actividad de los escuadrones de la muerte de derecha se disparó luego de un histórico pacto de paz de 2016 con los rebeldes de izquierda.
Duque dice que le informaron sobre los rastreadores GPS a principios de 2020 cuando se enteró de un atentado planeado contra su vida, pero cuando preguntó por ellos, el gobierno se bloqueó durante un año.
Cuando finalmente obtuvo los documentos con la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostraron que su ubicación se registró 25.183 veces durante 209 días, solo desde febrero hasta agosto del año pasado. Un manual de software describía una panoplia de otras opciones de control, incluidas las cámaras de operación remota y las cerraduras de las puertas administradas a través de las computadoras de los vehículos.
Duque preguntó si alguna de esas características estaba activa en los vehículos arrendados por el gobierno, pero dijo que no obtuvo respuesta. El gerente general de la empresa que proporciona el software GPS le dijo a AP que solo rastrea la ubicación y la velocidad y permite apagar el motor.
Un contrato de 2021 con la empresa de arrendamiento de vehículos obtenido por Duque estipula que un funcionario de la UNP debe aprobar cualquier corte de motor y que los datos recopilados se conserven un mínimo de dos años. Nada en el contrato respalda la afirmación de la UNP de que el sistema rastrea a los guardaespaldas y permite reacciones rápidas en situaciones peligrosas.
Los funcionarios de la UNP se negaron a responder a las preguntas de la AP. No hay evidencia de que el rastreo por GPS haya causado ningún daño a ninguna de las personas bajo protección.
Los funcionarios de la agencia se ofendieron el año pasado cuando Duque cuestionó sus intenciones.
“No perseguimos ni seguimos a nadie ilegalmente”, tuiteó el director Alfonso Campo en octubre. “La información que recopila el GPS es privada” y sólo se entrega a un juez o autoridad judicial cuando así lo requiere un caso o por razones de seguridad. AP preguntó a la Fiscalía General si había realizado alguna solicitud, pero no respondió.
Los expertos en privacidad consideran que el seguimiento del gobierno colombiano es ilegal y desproporcionado y dicen que presenta un riesgo de piratería innecesario.
Según la ley de privacidad del país de 2012, las personas afectadas deben dar su consentimiento para que se conserven dichos datos. Pero nunca se les preguntó, dijo Emmanuel Vargas, un experto en derecho de privacidad que ayuda a Duque.
No hay indicios de que el GPS haya ayudado a proteger al líder indígena Miller Correa, quien fue secuestrado y asesinado a mediados de marzo mientras conducía solo por una carretera rural. El rastreador sirvió después para recuperar su automóvil emitido por el gobierno, que no estaba blindado.
Una carta de junio de 2021 del gobierno a la Comisión Interamericana decía que la UNP tomó “todas las medidas necesarias” para garantizar que los datos sobre las personas protegidas “no fueran accesibles para los funcionarios (de la agencia)”. Pero en una carta de diciembre a Duque, la agencia indicó que no administra directamente los esfuerzos de protección de datos. Un contratista es responsable.
Después de que Duque publicara sus hallazgos, varios otros colombianos de alto riesgo expresaron públicamente su desconfianza en los detalles de seguridad proporcionados por el gobierno.
Uno fue el periodista de investigación Julián Martínez, cuyo libro sobre la infiltración en el DAS de narcoparamilitares corruptos ganó un premio nacional de periodismo en 2017.
Los guardaespaldas asignados por el gobierno de Martínez no solo lo espiaron después de que publicara artículos sobre presunta corrupción relacionada con las drogas que involucraba al gobierno saliente. Los acusa de recolectar material para una campaña de desprestigio organizada por su jefe, un contratista externo y exfuncionario del DAS.
En febrero, el vehículo blindado de Martínez fue atacado en Bogotá por hombres armados que, según informes, fueron repelidos por sus guardaespaldas. Estaba cerca en ese momento y nadie resultó herido. Martínez no cree que haya sido un intento de robo, como los investigadores han dicho que sospechan.
“El esquema de protección se ha convertido en un esquema de control”, dijo desde Argentina, a donde huyó el mes pasado tras denunciar un supuesto complot para despojarlo de la protección alegando que abusaba de ella.
Alberto Yepes, un destacado activista de derechos humanos que ayuda a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército colombiano, está seguro de que la UNP está siendo utilizada para espiarlo. Sospecha que los circuitos de teléfonos celulares que descubrió en septiembre en su vehículo provisto por el gobierno podrían usarse para escuchar conversaciones.
Yepes no está seguro de que Petro pueda tener éxito en la revisión de la unidad de protección debido a la gran participación de contratistas con antecedentes militares.
“Será difícil que el nuevo gobierno cambie”, dijo. “Van a tener que negociar”.
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