Familiares y amigos de señalados y procesados por corrupción en Guatemala por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) empezaron a relatar el jueves sus quejas por las actuaciones de ambas instituciones ante una comisión de diputados que intenta investigar los procesos judiciales hechos por ambos entes.
La CICIG, un órgano de Naciones Unidas, dejó de operar en el país después de 12 años de trabajo por roces con el presidente Jimmy Morales a principios de septiembre. Si misión era detectar aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado.
Los diputados que conforman la comisión -aprobada por el Congreso hace unos días- habían acordado empezar a recibir los testimonios la próxima semana, pero adelantaron el proceso a pesar de que la Corte de Constitucionalidad aún verifica la legalidad del grupo que recién formaron.
La Fiscal General, Consuelo Porras, presentó un amparo contra la comisión por considerar que esta viola la autonomía de la fiscalía y la Constitución sobre los principios de independencia judicial, seguridad y certeza jurídica.
Las primeras personas en dar su testimonio fueron Silvia Lorena Leal y Kira Karla Martínez, viuda y hermana del médico Jesús Arnulfo Oliva Leal, quién se suicidó en prisión luego de permanecer en prisión preventiva por tres años. Estaba acusado, junto a miembros de la Junta Directiva del Seguro Social, de la adjudicación anómala de unos 15 millones de dólares en contratos de medicina de pacientes renales. La familia argumentó que en varias ocasiones pidieron medidas alternativas a la prisión de su familiar porque éste padecía de depresión y diabetes, pero les fueron negadas.
Los diputados escucharon los testimonios, hicieron preguntas y se disculparon con los familiares de acusados de corrupción al considerar que no se les debió dar ese trato.
El 24 de septiembre pasado, el Congreso creó, con 82 votos a favor de 158, esta comisión integrada por cinco diputados. Entre sus funciones se establece que podría revisar el trabajo realizado por la FECI y la CICIG, evaluar información de cualquier persona o entidades que se hayan visto afectadas por ambas, presentar denuncias, solicitar extradiciones, revisar cómo se financió e incluso solicitar información personal de sus trabajadores.
La comisión nació de una propuesta hecha por varios diputados, entre ellos, Felipe Alejos y Álvaro Arzú. El primero fue investigado por corrupción por la CICIG, al igual que el padre de Arzú.
Desde que la CICIG cesó operaciones, varios sectores de la sociedad civil han mostrado su preocupación ante el riesgo de que se criminalice la labor de las autoridades que supuso juicios y condenas para cientos de personas por actos de corrupción.
Mientras operó en Guatemala, la CICIG logró desarticular 70 estructuras del crimen organizado y llevó a juicio y sentencia a 400 personas entre empresarios, funcionarios, jueces y particulares por actos de corrupción.
