El cadáver de Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años, fue entregado a la familia, a la que las autoridades notificaron que había muerto de COVID-19 mientras estaba detenido en un centro penal de El Salvador, en medio del régimen de excepción que impera desde fines de marzo. Luego, cambiaron la versión a “muerte súbita” y solicitaron que no fuera abierto el féretro.

La familia no obedeció la indicación, abrió el ataúd, revisó el cuerpo y fotografió en detalles. Presentaba hematomas por golpes en la espalda.

Era campesino, trabajaba en labores agrícolas y tocaba el saxofón. De acuerdo a la familia y conocidos, no tenía ninguna vinculación con estructuras del crimen. La historia de Elvin se repite en al menos la mayoría de los 53 casos de personas que -según organizaciones sociales que acudieron a Washington DC la semana pasada para presentar su caso- han fallecido bajo el estado de excepción ordenado por el presidente Nayib Bukele para hacer frente a las pandillas.

En muchos casos, dice a la Voz de América la investigadora de la organización Cristosal, Zaira Navas, no coincide la causa de muerte registrada en los informes hospitalarios con la justificación presentada en el informe oficial, “y lo más grave” -indica esta abogada- es que no se han realizado autopsias, que por ley deberían hacerse dadas las circunstancias de las muertes.

En otros casos las golpizas han sido evidentes desde el momento de la captura como han relatado familiares de otras víctimas fatales. Uno de ellos era Walter Vladimir Sandoval Peñate, de 32 años, que recibió una paliza por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) al momento de capturarlo, el joven se negó a aceptar que pertenecía a pandillas, los suyos tampoco lo asocian con estructuras criminales. Fue capturado y vapuleado en estado de ebriedad.

Días después de la captura llegó el cuerpo a los familiares. Los golpes evidentes en rostro y otras partes del cuerpo les ha hecho preguntarse sobre los vejámenes que pudo sufrir Walter mientras lo movían entre centros penales.

En otros casos, organizaciones de derechos humanos han compilado información sobre personas que han muerto bajo custodia de las autoridades ocasionadas en parte por padecer enfermedades que demandaban atención médica, y que incluso con el ofrecimiento de los familiares de llevarles medicinas a los penales donde son recluidos, no ha sido posible hacerles la entrega debido al seguido traslado de los detenidos, lo que dificulta la ubicación para los familiares.

Eso al parecer le ocurrió al pastor evangélico y director de un colegio en la ciudad de Santa Tecla, Mario David Arias Rivera, de 44 años y que habría recibido una golpiza, pero no tuvo medicinas para su condición diabética y terminó también muerto.

Algunos medios de comunicación en el país han dado seguimiento de los casos y tratado de ubicar las fotografías de los álbumes familiares de esos salvadoreños que hoy pasan del medio centenar de víctimas fatales.

De acuerdo al gobierno salvadoreño, estos casos son parte de un “mínimo margen de error” en las capturas.

La representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) en Washington DC, y a cargo de la oficina de El Salvador, Sonia Rubio, comenta a la VOA que el Estado salvadoreño no puede evadir la responsabilidad ante lo que está sucediendo, dado que cuando una persona está detenida, es responsabilidad de las autoridades del país garantizar los derechos humanos, más allá de la detención.

“Hay fuertes indicios en que se presume que algunas de estas [personas muertas] pueden haber sido provocadas ya sea por fuerza excesiva de agentes policiales y militares, o custodios, o incluso por otros detenidos. Pero como sabemos cuando una persona está detenida o en privación de libertad es el Estado el que debe garantizar plenamente todos los demás derechos, como a la vida, integridad personal y el derecho a la salud”, explica la experta.

¿Qué opinan organismos internacionales sobre esta situación?

El día 23 de junio, organizaciones defensoras de derechos humanos tanto dentro como fuera del país, presentaron una minuciosa labor de investigación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los “atropellos realizados por las autoridades” de El Salvador en el marco del Estado de excepción que impera en el país.

En la audiencia enumeraron las víctimas fatales hasta la fecha y el tipo de muertes que se han registrado, a la vez de presentar testimonios de exdetenidos que relatan los mecanismos de “tortura” al que fueron sometidos para aceptar cargos en su contra y las condiciones de extremo hacinamiento dentro de las celdas.

El testimonio compilado por Amnistía Internacional de un estudiante –bajo protección de identidad- describía a la Comisión que compartió celda y penurias con unas 70 personas “la mayoría trabajadores, estudiantes como él o jóvenes que nada tienen que ver con pandillas” y las estructuras que el gobierno dice combatir con las redadas.

"Mientras estuve ahí murieron dos personas (…) "Veíamos que subían con una camilla... Sabíamos que estaban muertos porque veíamos la camilla y un cuerpo cubierto por una sábana", dijo el testigo.

El Ejecutivo de Nayib Bukele rechazó la invitación para participar en la audiencia ante la CIDH, y tener el espacio para explicar la situación ante la Comisión que tiene el mandato de ser garante de la protección de derechos fundamentales como lo establece la Carta Democrática y la Convención Interamericana, ambas firmadas y ratificadas por El Salvador.

Tanto la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla y otros comisionados del organismo mostraron su preocupación. El comisionado Joel Hernández resumió el asunto.

“Es extremadamente preocupante la ausencia del Estado en esta audiencia, pero también la veo como muy indicativo de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional, que mucho lamentamos, la Comisión no es la única que ha venido destacando su preocupación alrededor del deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador, varios organismos internacionales y otros países se han unido a estas preocupaciones y pareciera ser que hoy en día estas manifestaciones de preocupación no son tomadas en cuenta, todo lo contrario hay un enfrentamiento”, dijo el Comisionado.

Este 29 de junio el presidente Bukele criticó a defensores de derechos humanos, al anunciar un recrudecimiento de la ofensiva contra las maras, por el asesinato de 3 agentes policiales, que habrían supuestamente muerto a manos de pandilleros.

“Les apuesto que ni [Juan] Pappier, ni [José Miguel] Vivanco ni Human Right Watch, ni ninguno de esos sinvergüenzas van a decir nada por la vida de nuestros héroes ni por sus familiares que ahora quedan desamparados”, dijo Bukele.

La directora en funciones de HRW, Tamara Taraciuk Broner, respondió al mandatario que desde esa organización se “repudia” los homicidios de los policías como los cometidos por pandillas, y que las medidas actuales "deben ser sostenibles, eficaces y respetuosas de derechos fundamentales".

La experiencia en otros países como Nicaragua y Venezuela, agregó, muestra que “cuando se desmonta el Estado de derecho” , ningún individuo está a salvo de ser violentado por el Estado.

En el contexto salvadoreño se agrava -dijo- porque la ciudadanía se expone “tanto a la brutalidad de las pandillas como a los excesos de la autoridad”, y que los que hoy son víctimas de las pandillas “mañana pueden terminar recorriendo los centros de detención en busca de familiares detenidos en forma arbitraria por la policía”.

¿Existe indiferencia entre los salvadoreños para protestar por "abusos"?

El abogado y analista social independiente Darío Cardona dice a la VOA que al momento en El Salvador las explicaciones sobre lo que sucede y la falta de reacción de la ciudadanía escapan a una explicación de carácter jurídico, más bien se circunscribe a un factor sociológico.

Desde las organizaciones de la sociedad civil matizan que: -dada la dificultad para que las familias denuncien- y si lo hacen, pero de forma anónima, indica también que hay un temor en las comunidades pobres de ser focos de mayores represalias.

Zaira Navas, de Cristosal, comenta que en muchos casos han documentado que “si la familia reclama o denuncia de forma pública, luego llegan por más miembros de del grupo familiar”, un patrón que a su criterio estaría indicando una “represión extrema”.

Darío Cardona agrega que las acciones puestas en marcha por el gobierno son indicadores de medidas que no tienen vocación de justicia. Dijo que “esto lo asociaría más con la sicopatía del presidente de la república”, que a fuerza del aparato de propaganda gubernamental “ha convertido a El Salvador en una masa irascible, furibunda, con sed de venganza que no está dispuesta a hacer un esfuerzo mínimo de empatía con las víctimas inocentes que no tienen nada que ver con el problema de las pandillas y que están pagando los costos", ya sea como víctimas fatales o detenidos de forma arbitraria.

Los principales rotativos del país y medios independientes han tratado de documentar los casos, tanto de fallecidos como de familias que de forma desesperada buscan a sus detenidos, con pruebas de que no están vinculados a pandillas.

Un experto en medicina forense indicó a La Prensa Gráfica que con el tipo de daños, como golpes y otros signos con los que han llegado los detenidos a la camilla de emergencias de los hospitales para morir, indicaría al personal médico hacer un reporte aparte.

“Desde mi punto de vista, con esa causa de muerte, en ese joven, el médico debió notificar a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía debió solicitar al Instituto de Medicina Legal, el reconocimiento del cadáver”, explicó el profesional, citado por LPG, al explicar cómo debería abordarse la situación.

¿Cuál es la apariencia de un pandillero?

Los expertos entrevistados por la Voz de América coinciden en cuanto a la descripción física de cómo se ve un pandillero. El Estado ha dicho que meterá a la cárcel su estimado que ronda los 70.000. Hasta la fecha han sido capturados un poco más de 42.000 personas y presentados en audiencias colectivas con jueces especiales.

Sonia Rubio, de DPLF, circunscribe la imagen fabricada del pandillero “como el joven de ciertas características físicas, piel morena” que corresponde con gran parte de la población pobre del país.

Zaira Navas, agrega que también las redadas masivas han llevado a las bartolinas y centros penales a jóvenes que tiene tatuajes artísticos “no sabemos con qué criterio la policía y la fuerza armada determinan que son de pandillas", explica.

El abogado Darío Cardona apunta también que el perfil de salvadoreños que buscan las autoridades dentro del régimen de excepción, corresponde con el de una gran mayoría que vive en las zonas periféricas y con bajos recursos.

De ahí que no es de extrañar que los muertos bajo custodia del Estado y detenidos por las autoridades provengan de esas zonas de pobreza, que por añadidura se les dificulta a las familias ser escuchados, por sus mismos compatriotas y menos por las autoridades.

La Voz de América canalizó a través de la unidad de prensa de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador para indagar si el Ministerio Público tiene abiertas investigaciones para esclarecer las muertes y otros tratos casos denunciados por organizaciones defensoras de derechos humanos, y hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

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