El chavismo designó a los representantes de la Fiscalía General, la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo, conocidos en Venezuela como "Poder Moral", por mayoría simple en la Asamblea Nacional.
Los tres cargos fueron aprobados con los 99 votos de los diputados vinculados al oficialismo.
Luisa Ortega Díaz fue reelecta como fiscal general, Tarek William Saab, exgobernador del estado de Anzoátegui y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue nombrado como defensor del pueblo, y el actual procurador, Manuel Galindo Ballesteros, fue elegido contralor general.
La elección se efectuó luego de que el 19 de diciembre el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello (PSUV), solicitó por cuenta propia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una interpretación del artículo 279 de la Constitución.
El artículo establece que los representantes del Poder Moral serán electos con las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, la Sala Constitucional del TSJ determinó que la escogencia puede realizarse con mayoría simple en la Asamblea Nacional, es decir 50% más uno de los diputados presentes al momento de la votación.
La oposición protestó contra la interpretación declinando votar en la elección.
El diputado Stalin González, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), dijo que la designación del nuevo Poder Ciudadano “transgredió todos los preceptos establecidos en la Constitución y puso en evidencia la estafa con la que, espaldas al pueblo, renovaron los representantes del Poder Moral”.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la importancia de tener el control político en el parlamento.
“Hoy se demuestra una vez más lo importante que la Asamblea Nacional esté dirigida por una amplia mayoría de Diputad@s Patriotas y Chavistas”, escribió Maduro en su cuenta de Twitter.
Además de las autoridades del Poder Moral, también deben ser escogidos tres de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral y 16 de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
