La justicia peruana condenó la noche del lunes a 18 años de cárcel a un militar retirado por ser autor mediato de la desaparición forzada de un periodista y el asesinato de 60 campesinos, en sucesos ocurridos en 1984 en los Andes durante el conflicto armado interno que desangró al país.
La jueza Miluska Cano indicó que Alberto Rivero Valdeavellano —que en 1984 era capitán de fragata y jefe de las acciones de la Armada en la provincia de Huanta, región Ayacucho— cumplirá su condena "desde el día en que sea aprehendido" por su responsabilidad en los asesinatos con alevosía de las víctimas.
Los sucesos por los cuales Rivero fue condenado ocurrieron entre julio y agosto de 1984.
En uno de ellos, los militares mataron a seis campesinos de la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Huanta, una localidad rural. Los soldados los sacaron del templo donde oraban y en la parte posterior del local los acribillaron y dinamitaron sus cuerpos.
Otra víctima fue el periodista Jaime Ayala, de 22 años, quien reportaba el conflicto armado para el diario capitalino La República y para la local Radio Huanta 2000. Ayala ingresó el 2 de agosto de 1984 al estadio de fútbol de Huanta, centro de tortura de la Armada, para reclamar por el ingreso de los militares, la noche previa, a la casa de su madre y donde le rompieron el tabique nasal a su hermano, según los testigos.
"El periodista nunca salió", dijo la jueza quien añadió que las denuncias de las violaciones de derechos humanos del reportero "resultaban un escollo" a las acciones de los militares.
Su esposa, Rosa Pallqui, quien quedó viuda a los 20 años junto a su hijo de cuatro meses, fue fotografiada por la prensa local en la puerta del juzgado junto al retrato en blanco y negro de su marido sentado junto a una máquina de escribir.
La sentencia de la Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de Lima indicó que Rivero se niega a brindar información del lugar donde se podrían encontrar los restos del periodista y de decenas de campesinos a quienes mataron en otros acontecimientos ocurridos entre julio y agosto de 1984 tras acusarlos, sin pruebas, de ser miembros o colaboradores del grupo terrorista Sendero Luminoso, que buscaba tomar el poder en Perú a través de la violencia. El militar sentenciado no acudió a la lectura de la decisión judicial y se ordenó su captura.
La Asociación Nacional de Periodistas de Perú escribió en sus redes sociales "sigue pendiente encontrar los restos de nuestro colega, para que la justicia en este caso sea plena".
Entre 1980 y 2000 Perú vivió un conflicto armado interno que enfrentó de un lado a las fuerzas de seguridad y los comités campesinos de autodefensa y del otro, a Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Una comisión de la verdad calcula que la cifra de muertos podría haber alcanzado los 70.000. La mayoría de víctimas eran campesinos de lengua quechua de los Andes o nativos de la etnia ashaninka de la Amazonía.
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