La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, espera revisar la próxima semana el pago de los intereses de los bonos de la estatal PDVSA por unos 71 millones de dólares, dijeron legisladores y un miembro de la junta de administradora transitoria de la petrolera.
Con las cancelación de los intereses del bono PDVSA 2020, se busca proteger a Citgo, la filial de la petrolera en Estados Unidos y uno de los principales activos externos de Venezuela, de posibles embargos de los acreedores.
Alejandro Grisanti, un economista nombrado la semana pasada en la junta de la estatal PDVSA por la Asamblea Nacional, dijo que estaban "haciendo todos los esfuerzos" para efectuar el pago de los bonos, respaldados por la mitad de las acciones de Citgo.
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El jefe del Congreso, Juan Guaidó, que en enero invocó la Constitución para proclamarse presidente encargado argumentando que el mandatario Nicolás Maduro fue elegido en unos comicios cuestionados, ha dicho que tiene como estrategia proteger los bienes en el exterior.
"Estamos trabajando en tomar la decisión", dijo Guaidó a Reuters el viernes en referencia a la cancelación de los intereses, que tiene como fecha límite el 27 de abril.
Stalin González, primer vicepresidente del Parlamento y Carlos Paparoni, diputado, agregaron que la próxima semana se efectuaría el debate sobre el pago de la deuda. No se precisó cómo la junta ad hoc, que todavía no controla todas las operaciones de PDVSA, haría el pago o qué fondos usaría.
Venezuela se ha retrasado, desde fines del 2017, en cancelar intereses de la deuda pública externa por unos 8.000 millones de dólares. La estatal petrolera tiene un período de gracia de 30 días luego del 27 de abril.
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Grisanti agregó que con la aprobación del Congreso se convencería a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que impone sanciones, de permitir el pago. La Asamblea Nacional es el único organismo gubernamental venezolano reconocido como democráticamente legítimo por Washington.
Los esfuerzos realizados por cualquier institución vinculada a Maduro para efectuar pagos podrían entrar en conflicto con las sanciones de los Estados Unidos, que afectan tratos con PDVSA. Ni PDVSA ni el Ministerio de Información de Venezuela respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
