El Ministerio Público de Perú informó el miércoles que la Procuraduría General de Brasil suspendió de manera temporal la cooperación jurídica por el caso Odebrecht, que ha salpicado a líderes y funcionarios en toda la región y, especialmente, en el país andino.
En un breve pronunciamiento se indica que la medida obedece a un pedido de la firma, ahora Novonor, porque se habría incumplido el acuerdo firmado para proporcionar información con el fin de esclarecer los actos de corrupción en los que políticos peruanos estarían involucrados.
“El documento ha sido derivado al Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato para que formulen los esclarecimientos correspondientes a las observaciones que motivaron dicha suspensión, y sean remitidos oficialmente a Brasil. Con la respuesta oficial, se espera que la Procuraduría General de Brasil reevalúe la suspensión temporal y se retome la cooperación jurídica”, señala el comunicado.
A pesar de esta postura institucional, el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato en Perú, consideró desde Brasil que la decisión de Odebrecht es “un acto de mala fe procesal”.
“Hay una serie de atribución de hechos, que nosotros -por supuesto- vamos a explicar en su oportunidad rechazándolos, porque tenemos la certeza de que en ningún caso hemos dejado de respetar los términos del acuerdo de colaboración eficaz, los términos de la ley peruana y la extranjera”, señaló a la emisora local RPP Noticias.
En otro momento, Vela mencionó que entre las razones que argumenta Odebrecht para suspender este proceso de colaboración eficaz, hay “insatisfacciones aparentes y razones antiguas” y porque no aceptan su participación como testigo en arbitrajes internacionales relacionados a casos como Rutas de Lima y Gasoducto del Sur, donde la empresa brasileña se encuentra involucrada.
Expresidentes y políticos, salpicados
La suspensión temporal de la colaboración entre Odebrecht y Perú paraliza las diligencias programadas para seguir con las investigaciones por lavado de activos contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, así como también contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
El próximo 7 de noviembre, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht iban a declarar como testigos en el juicio oral del expresidente Humala junto a su esposa, Nadine Heredia, quienes son procesados por el presunto financiamiento irregular del Partido Nacionalista durante las campañas electorales de 2006 y 2011, y enfrentan un pedido de 20 años de cárcel por lavado de activos.
Con la suspensión de la cooperación judicial, no se ha confirmado que los ejecutivos brasileños se presenten a la audiencia. Además, hoy se conoció la suspensión de una sesión de la Corte Suprema de Perú que iba a evaluar un pedido del expresidente Humala para que esclarezca si los aportes privados, entre 2006 y 2011 a su agrupación, eran delito o no.
Por su parte, Toledo afronta un pedido de extradición para que sea expulsado de Estados Unidos y que responda por, según la declaración de Barata, que Odebrecht le pagó un total de 31 millones de dólares para la construcción de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une el sur de Perú con Brasil.
Este presunto soborno a Toledo también se relaciona con el caso Ecoteva, donde se descubrió que Eva Fernenbug, suegra del expresidente, compró una casa y una oficina en Lima por un monto de 5 millones de dólares con el dinero de la empresa costarricense Ecoteva, cuyos fondos provendrían de las firmas brasileñas.
También Kuczynski es señalado de ayudar a la empresa brasileña a ganar contratos durante el gobierno de Toledo (2001-2006) cuando era ministro de Economía y Finanzas. A cambio de ello, las empresas del expresidente, First Capital y Westfield Capital, lograron darles asesorías a Odebrecht. Jorge Barata recalcó que se dio un aportó 300.000 dólares a su campaña presidencial del 2016.
Villarán es procesada porque recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para evitar su destitución como alcaldesa de Lima en 2013 y costear su reelección en 2014. Contra ella ya hay un pedido de 29 años de prisión.
Finalmente,Fujimori ha sido acusada de recibir 1,2 millones de dólares de Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales en 2011 y 2016. En su caso, además, hay otros 40 procesados que le habrían ayudado a distribuir el dinero a las arcas de su partido Fuerza Popular. Ella ya cumplió 16 meses de prisión preventiva por esta causa.
La Procuraduría Pública ad hoc del caso Odebrecht en Perú informó que solicitará información formal sobre la decisión anunciada por la Fiscalía de Brasil y la compañía.
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