Los jueces de la Corte Suprema decidieron no revisar una apelación presentada por un grupo de derechos civiles que buscaba anular una ordenanza aprobada en 2010 en Nebraska, que exige una prueba de estatus legal a un potencial inquilino.
Según los magistrados la ley local no discrimina contra los hispanos ni interfiere las leyes federales de inmigración, por lo tanto deja intacta las nuevas regulaciones para el alquiler de viviendas en el pequeño pueblo de Fremont, de solo 26.000 habitantes.
Bajo la nueva ordenanza, el futuro arrendatario debe pagar cinco dólares por una licencia de ocupación y demostrar que se encuentra legalmente en el país.
La Corte Suprema ha rechazado dos intentos parecidos en Pensilvania y Texas y considera que los temas de inmigración son mayormente jurisdicción de las agencias federales y no le compete a los gobiernos locales.
Según los magistrados la ley local no discrimina contra los hispanos ni interfiere las leyes federales de inmigración, por lo tanto deja intacta las nuevas regulaciones para el alquiler de viviendas en el pequeño pueblo de Fremont, de solo 26.000 habitantes.
Bajo la nueva ordenanza, el futuro arrendatario debe pagar cinco dólares por una licencia de ocupación y demostrar que se encuentra legalmente en el país.
La Corte Suprema ha rechazado dos intentos parecidos en Pensilvania y Texas y considera que los temas de inmigración son mayormente jurisdicción de las agencias federales y no le compete a los gobiernos locales.
