El gobierno de Costa Rica dio el jueves el último paso necesario para la aplicación del aborto terapeútico en el país centroamericano, a pesar de la fuerte oposición de grupos religiosos y políticos opositores.
El presidente Carlos Alvarado decretó por la noche la norma técnica que, aseguró él, hará posible aplicar una ley que existe desde hace casi 50 años, pero que se incumplía por falta de reglas en los centros médicos.
“Esta decisión es para salvar la vida de las mujeres y resguardar su salud”, justificó el mandatario, quien asegura estar saldando “una deuda histórica”.
La medida hará que los primeros abortos terapéuticos puedan realizarse dentro de seis meses, como ordenó a la entidad estatal encargada de administrar la red de hospitales públicos. También quedarían habilitadas las clínicas privadas.
El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó mediante un comunicado de prensa que solo podrá interrumpirse el embarazo si se cumplen tres requisitos: que no haya otra alternativa, el consentimiento de la mujer y la necesaria valoración de tres profesionales en medicina.
La falta de aplicación de aborto terapéutico mantiene a Costa Rica acusada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues dos mujeres aseguran haber sufrido secuelas en su salud al verse obligadas a completar sus embarazos, a pesar de que los médicos habían diagnosticado problemas que hacía inviable la vida del feto al nacer.
Partidos políticos cercanos a las iglesias cristianas critican a Alvarado porque, dicen, actúa de manera ilegal y abre el portillo al aborto libre, prohibido en la legislación costarricense.
Encuestas recientes indican que alrededor del 58% de la población está de acuerdo en implementar la norma de aborto terapéutico y solo un tercio del total se oponía.
