La Corte Penal Internacional (CPI) otorgó al gobierno de Venezuela una extensión de tres meses para mostrar que está investigando o han investigado los presuntos crímenes de lesa humanidad bajo jurisdicción de la corte.
En un documento publicado por la corte el miércoles, el fiscal Karim Khan explica que “en un espíritu de cooperación, diálogo y equidad” se acordó “otorgar a Venezuela una prórroga de tres meses, es decir, hasta el 16 de abril de 2022, para informar a la Corte sobre su investigación”.
El fiscal Khan anunció a inicios de noviembre durante una visita a Venezuela su decisión de abrir una investigación formal sobre la situación “Venezuela I”, sobre presuntos crímenes cometidos al menos desde 2017, en el contexto de manifestaciones antigubernamentales.
El nuevo texto de la corte detalla que la decisión fue notificada a los Estados Parte el pasado 16 de diciembre y explica que el periodo para presentar las investigaciones suele ser de solo un mes.
“Esta prórroga es adecuada y justificada por varias circunstancias”, afirma el documento. Una de ellas, agrega, los “infructuosos intentos de la Fiscalía de reunirse en persona con las autoridades venezolanas para discutir asuntos procesales relevantes”.
En diciembre, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez acusó a Países Bajos de “obstaculizar” e “impedidir” el traslado de una delegación a la Haya para una reunión con Khan.
El fiscal también sostiene que la extensión le permitirá viajar a Venezuela antes de que este nuevo periodo termine para entablar “un diálogo significativo” con el Gobierno “sobre cuestiones de admisibilidad”.
Con el anuncio del inicio de la investigación el año pasado, las partes firmaron un “memorándum de entendimiento” en el que, entre otras cosas, acordaron establecer mecanismos “para mejorar la cooperación".
Este jueves, la dirigente opositora Delsa Solórzano se refirió al tema de la CPI asegurando que durante el proceso, el gobierno ha intentado diversas acciones dilatorias.
“El régimen ha pedido más tiempo porque pretenden demostrar que en Venezuela se está haciendo justicia, para decirle a la Corte Penal: “no tiene que actuar, porque nosotros estamos actuando”, aseguró en rueda de prensa la también presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de 2015, de mayoría opositora.
Solorzano explicó que el gobierno ha tratado de “eludir” la competencia de la Corte con algunas acciones, como la modificación de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia aprobada por el Parlamento de mayoría oficialista y algunas sentencias contra autores materiales de ciertos crímenes “que no son suficiente”.
“¿Se van a autoinvestigar? Yo creo que no, evidentemente no”, sentenció.
Aún así, la dirigente destacó que el caso de Venezuela en la Corte ha avanzado de manera "bastante rápida” en comparación con otros.
“El trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, el trabajo unitario, va llevar, sin ninguna duda, a que haya justicia para las víctimas”, apuntó.
Los comentarios, sin embargo, no son solo nacionales. Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), calificó de “tarea difícil” que se muestren avances en esta materia en el país.
“En Venezuela la impunidad de los abusos generalizados sigue siendo la regla y los esfuerzos de reforma judicial no son serios”, afirmó en una publicación en su cuenta de Twitter.
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