Académicos nicaragüenses reaccionaron el jueves con preocupación y tristeza al cierre y confiscación de otras dos universidades privadas, ambas de orientación religiosa, en medio de crecientes presiones a la Iglesia católica y a la disidencia en general.
“Esto es parte de un plan del gobierno de Daniel Ortega para extender su control político sobre las universidades”, dijo a The Associated Press el catedrático Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM), al referirse al cierre de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), anunciado el miércoles.
Según Medina, que abandonó el país hace más de un año tras recibir amenazas del gobierno, la medida revela “un componente ideológico y de venganza política”, dado que las universidades fueron el foco principal de la revuelta social de 2018, encabezada inicialmente por estudiantes.
La represión de esas protestas dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos y unos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
“Daniel Ortega nunca les va a perdonar a los jóvenes y a las universidades que hayan sido los protagonistas de la rebelión” en la que se demandaba la renuncia del mandatario, afirmó.
Con la desaparición de estos dos centros de estudio suman 19 las universidades clausuradas en Nicaragua desde diciembre de 2021, de las cuales siete eran extranjeras.
La personería jurídica de ambos centros fue cancelada por el Ministerio de Gobernación que además les ordenó realizar una “entrega ordenada” de todos sus bienes muebles e inmuebles para ser inscritos ahora a nombre del Estado.
En un comunicado, la dirección de la Universidad Juan Pablo II expresó su “sorpresa y profunda tristeza” por la medida y anunció que aguarda las instrucciones para “iniciar la transición a las autoridades gubernamentales”.
Esta semana también se anunció el cierre de otras 26 organizaciones no gubernamentales con lo cual suman más de 3.300 las asociaciones sin fines de lucro ilegalizadas por el gobierno, en su mayoría durante el último año.
Entre estas orgnizaciones figuran la Asociación de Mujeres con Cáncer y las asociaciones religiosas Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega.
En todos los casos el gobierno adujo que “incumplieron” los requisitos de ley establecidos para operar.
Según la resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, los alumnos de la Universidad Juan Pablo II y la UCAN serán reubicados en otros centros de estudios superiores. Ambas habían sido fundadas en 2002 y tenían varias sucursales en el país.
Medina dijo que le preocupa el futuro de los alumnos despojados de sus universidades, porque los centros públicos “no tienen capacidad para recibir más estudiantes” y una sobredemanda afecta la ya cuestionada calidad de la educación nicaragüense.
La medida oficial se produjo días después de que el gobierno ilegalizara a 19 cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
Ortega ha acusado a los empresarios y a la Iglesia católica de participar en un “fallido golpe de Estado”, como califica a las protestas de 2018, mientras mantiene en prisión al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel el mes pasado.
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