Hubo un tiempo en que activistas y periodistas que querían evadir el oído siempre atento del gobierno cubano hablaban en clave o tenían que reunirse en embajadas europeas.
La llegada de Internet y los servicios de mensajería cifrada ofrecieron un respiro.
Pero tan pronto como los avances tecnológicos facilitaron la comunicación y la presentación de informes sobre el gobierno de Cuba, La Habana encontró formas de interrumpir o bloquear los mensajes.
Los periodistas independientes cubanos juegan al gato y al ratón con el gobierno para asegurarse de que sus teléfonos no caigan en manos de las autoridades. Si se incautan los dispositivos, las autoridades pueden extraer las memorias digitales en busca de las llamadas pruebas incriminatorias.
En 2023, el Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó al menos 210 incidentes de restricciones de Internet.
Esas restricciones pueden incluir cortar el acceso a Internet, bloquear arbitrariamente el acceso a las redes sociales o piratear las cuentas de los periodistas o los sitios web de los medios para los que trabajan, según el informe del ICLEP.
Normando Hernández, fundador y director general de ICLEP, con sede en Miami, dijo que interceptar el acceso telefónico o a Internet es una "estrategia recurrente del régimen para silenciar a los periodistas independientes".
"Es históricamente bien conocido que el Estado cubano escucha y espía todas las conversaciones que quiere", afirmó Hernández. "No existe un Estado de derecho. Los cubanos no tienen forma de defenderse contra cualquier violación de sus derechos".
La VOA contactó a la Embajada de Cuba en Madrid y al Centro de Prensa Internacional del gobierno en La Habana para obtener una respuesta sobre los hallazgos del ICLEP. Nadie respondió a las solicitudes de comentarios.
El periodista Henry Constantin dice que su acceso a Internet se cortó repentinamente después de que La Hora de Cuba, el sitio de medios para el que trabaja, comenzó a criticar al gobierno cubano.
La Hora de Cuba publica a través de Facebook e Instagram y no está alineada con el gobierno comunista. Su equipo de unos 15 periodistas tiene una audiencia de entre 46.000 y 48.000 en las redes sociales.
Constantin, que edita el sitio, dice que la censura de las líneas telefónicas o del acceso a Internet de los periodistas está diseñada para frenar la libertad de expresión.
"En noviembre pasado, cuando comencé a publicar informes muy críticos con el gobierno, me cortaron el acceso a Internet en Camagüey", dijo, refiriéndose a la ciudad del centro de Cuba donde reside.
"Pude acceder a Internet cuando estaba en La Habana a través de un número diferente, entonces fue una censura local".
Hernández dijo que el gobierno controla todo acceso a la "expresión digital".
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La Habana controla la empresa cubana de telecomunicaciones ETECSA, que tiene el monopolio de las comunicaciones digitales en la isla.
Este monopolio representa una paradoja para el gobierno cubano. El acceso a la red para los usuarios representa una amenaza para La Habana y un instrumento de control para las autoridades.
Con ese control, dijo Hernández, las autoridades pueden fácilmente "cortar la comunicación en general en momentos históricamente importantes o significativos para la sociedad cubana, o cuando algo está sucediendo en la isla de interés para la sociedad cubana".
Ese parece ser el caso de Constantin.
En 2021, estuvo detenido durante 10 días por desorden público después de informar sobre manifestaciones contra el gobierno cubano y el Partido Comunista por escasez de alimentos y problemas medicinales.
ICLEP ha documentado el acoso digital desde 2016.
El peor año fue 2021, cuando el ICLEP documentó 1.129 violaciones a la libertad de expresión. Esto coincidió con las protestas contra el gobierno cubano y el Partido Comunista, que fueron las mayores desde la revolución de 1959.
Prisoners Defenders International, un grupo de oposición con sede en Madrid, dijo que el gobierno comunista practicaba desde hacía mucho tiempo las escuchas clandestinas a periodistas o activistas de la oposición.
"Hasta que en Cuba no había wifi, un activista tenía que hablar en privado, y esto sólo era posible en las embajadas europeas y en otros países que se solidarizaban con la oposición", dijo Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
"En algunos casos tenían un teléfono extranjero, lo que costaba mucho hacer llamadas dentro o fuera de Cuba, pero tenían menos posibilidades de ser escuchados".
Larrondo dijo que el servicio de mensajes SMS cuenta en Cuba con un sistema automático de "palabras sensibles".
Si un activista de la oposición escribe una palabra en su dispositivo, dijo, "puede ser captada por un operador de la compañía estatal de telecomunicaciones, que tiene acceso a ese mensaje en 10 minutos".
Al describir el sistema de SMS como "especialmente inseguro en Cuba", Larrondo dijo que los usuarios no tenían la seguridad de la mensajería privada hasta la llegada de WhatsApp, Telegram y VPN.
"Antes de la llegada de WhatsApp teníamos que hablar en clave o en jerga. Sin duda, esta forma de hablar debilitaba al movimiento disidente y sus capacidades".
Usar servicios cifrados y otras precauciones no siempre es suficiente. Cuando se arresta a periodistas o activistas de la oposición, siempre se confiscan sus teléfonos y los expertos analizan su memoria.
Esto significa que deben tener especial cuidado para no dejar que sus teléfonos caigan en manos de agencias gubernamentales o de la policía, dijo Larrondo.
"Por eso es imprescindible no salir nunca con el móvil, sino dejarlo en casa, escondido. O salir con un segundo teléfono sin memoria", afirma.
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