Manifestantes exigieron el miércoles al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que renuncie a su cargo en el inicio de un diálogo moderado por la iglesia Católica que busca poner fin a una ola de protestas, la peor desde que el exguerrillero asumió el cargo en 2007.
Acompañado de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, Ortega fue inusualmente encarado por miembros de la sociedad civil quienes lo calificaron de “asesino” y le exigieron el cese de la “represión” de las fuerzas del orden y de grupos de simpatizantes que actúan como fuerzas de choque.
“Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida”, le dijo a Ortega un joven universitario que no se identificó.
“El pueblo está en la calle, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Ríndase ante todo este pueblo (...) ordene el cese al fuego, la liberación de nuestros presos políticos, no podemos dialogar (...) porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio”.
Tras su intervención, el resto de participantes corearon “eran estudiantes, no eran delincuentes”.
A mediados de abril, miles de personas se lanzaron a las calles de Managua y las principales ciudades del país centroamericano para protestar por una polémica reforma a la seguridad social que, días más tarde, el Gobierno dijo que revisaría.
En los violentos enfrentamientos entre manifestantes, la mayoría universitarios, y las fuerzas se seguridad perdieron la vida al menos 47 personas según la ONU. Organizaciones de derechos humanos dicen que la cifra es mayor, pero Ortega dijo el miércoles que no hay presos ni desaparecidos.
“Claro que nos duelen las muertes, la muerte de un solo ciudadano nos duele”, dijo Ortega, quien calificó la violencia como “diabólica” y exigió el cese de las manifestaciones, en las que, dijo, han muerto policías.
Ortega, quien ganó en 2016 las elecciones para un tercer mandato consecutivo hasta 2021, ha sido acusado por sus adversarios de querer instaurar una “dictadura familiar” junto a su esposa, amañar elecciones, controlar los medios y manipular la justicia.
Mientras Murillo brindaba sus declaraciones se registraron fuertes actos de represión en los municipios de Matagalpa y Juigalpa, en el norte y centro del país, con saldos de más de 40 heridos, según organismos de derechos humanos.
Monseñor Róger García, párroco de la Iglesia Molaguina en el municipio de Matagalpa, resultó herido de un brazo al integrarse a otros sacerdotes e interponerse entre ambos bandos para intentar detener la violencia.
El sacerdote García “está fuera de peligro, no está herido de gravedad”, informó la Diócesis de Matagalpa en su cuenta de Facebook.
Los ataques se dan en la víspera de una visita “In loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la anuencia del gobierno de Ortega.
Murillo reiteró la participación del gobierno en el diálogo y la necesidad de acudir con buena voluntad. “Este evento histórico con toda seguridad, va a trabajar por la paz decididamente en nuestro país”, señaló la vocera, que no especificó si Ortega asistirá de forma permanente a estas negociaciones.
A pesar de que el diálogo es visto por todos los sectores como la única solución para poner fin a la crisis en el país, su anuncio no ha puesto fin a los saqueos, enfrentamientos, y los bloqueos en las carreteras de Nicaragua.
La Unión Europea, emitió un comunicado en el que aplaudió la instalación del diálogo, pero hizo también un llamado para el cese a la represión de la policía y los paramilitares del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.
“Para que el diálogo pueda desarrollarse pacíficamente, y para garantizar la seguridad de los participantes, la policía debe evitar el uso excesivo de la fuerza y los grupos armados deben ser controlados”, indicó el comunicado.
Nicaragua cumple este martes 28 días de crisis como producto de las multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de Ortega, que iniciaron con protestas en contra de unas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos.
Con información AP y Reuters