El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, una iniciativa de ley que obligará a los bancos locales a obviar las sanciones de Estados Unidos y prestar los servicios correspondientes a las personas y entidades implicadas.
La iniciativa, llamada "Ley para la protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas", castigará con penalización "temporal o definitiva de sus operaciones" a los bancos que no acaten la medida, según el proyecto legislativo enviado el miércoles y que podría ser aprobado este viernes.
El alegato de Ortega es que la presente iniciativa de ley buscará "proteger a los nicaragüenses y sus instituciones, ante las sanciones", pero expertos independientes consideran que el sistema financiero nacional quedará comprometido.
Desde el año 2018, cuando surgió una crisis sociopolítica en Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto sanciones contra el círculo cercano al presidente Daniel Ortega y sus funcionarios, así como entidades como la Policía Nacional.
La mayoría de estas sanciones han sido impuestas por violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, socavamiento de instituciones democráticas y fraudes electorales.
Un estado forajido
El politólogo, experto en políticas públicas y director del programa de migración, remesas y desarrollo de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, explicó que la nueva propuesta de ley forzará a los bancos a acatar la normativa y poner en aprietos al sistema financiero de Nicaragua.
"La institución bancaria puede notificar que están presionados por legislación nacional a no acatar la sanción y el Tesoro de Estados Unidos decidirá el notificar a los bancos que Nicaragua es un país que se convirtió en espacio seguro para entes sancionados y por ende que es un lugar de alto riesgo financiero", dijo Orozco en X.
"Nicaragua formalmente esta autocalificándose de estado forajido", agregó.
A su juicio, en esos contextos "los bancos corresponsales aplican la política de 'de-risk' (des-arriesgarse), cuando el Tesoro considera que una entidad o país está actuando fuera del marco del proceso establecido de sanciones (Venezuela, Irán, Rusia, por ejemplo), y procede a notificar a la institución bancaria violatoria, y al mismo tiempo notifica a los corresponsales bancarios".
Medida incorporada en reforma constitucional
Daniel Ortega también incluyó el desconocimiento de las sanciones internacionales en una iniciativa de reformas a la Constitución Política de Nicaragua que envió a la Asamblea Nacional.
En el artículo 5 de esa propuesta, se dice que “ninguna medida violatoria del derecho internacional” tomada por gobiernos extranjeros, en contra de instituciones, funcionarios o personas nicaragüenses, "tendrá validez para el Estado nicaragüense".
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