La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, presentó una actualización sobre la situación de la violación de derechos humanos en Nicaragua. Este informe es “contundente” en revelar las sistemáticas violaciones que ocurren en el país, sostienen defensores como el abogado Julio Montenegro.
“Hay un llamado de atención al Estado nicaragüense, a pesar de que ya ha pasado un año. Las Naciones Unidas dice en su informe que no ha habido ningún tipo de resolución del Estado favorable a estas personas que han sido afectadas por el Estado mismo, hablamos de personas que perdieron la vida, de personas que fueron torturadas, de personas que fueron lisiadas”, sostiene el abogado que lleva los casos de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, así como de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.
El informe de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se presentó este 10 de julio y fue una actualización oral del primer informe del caso de Nicaragua presentado el 21 de marzo de este año, cuando se aprobó la resolución “Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua” con 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones.
“Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2,000 heridos y más de 70,000 exiliados, las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse”, especifica el informe de la ONU; afirmaciones que negó el sub procurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel.
“Ese es un informe que no hace referencia a la verdad, ese ha sido siempre el problema, ahí hay varias situaciones que no es cierto, pero en fin, nosotros participamos en el sistema de las Naciones Unidas”, aseguró a la Voz de América vía telefónica, pues forma parte de la delegación oficial del gobierno de Daniel Ortega que participó en la presentación de dicho informe.
En su informe la alta funcionaria de las Naciones Unidas expresó su preocupación sobre los considerados presos políticos que aún permanecen en el sistema penitenciario del país. “Según diversas fuentes, más de 80 personas permanecen bajo custodia en condiciones severas de detención, estamos profundamente preocupados por las condiciones de las personas privadas de libertad en relación con las protestas. Nuestras oficinas han recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a torturas o malos tratos por parte de los oficiales de corrección”.
Sin embargo, estos señalamientos también fueron negados por el sub procurador para la Defensa de los derechos humanos de Nicaragua. Ortel manifestó "que tortura, eso nosotros no lo hemos visto en las cárceles, visitamos las cárceles y no lo hemos visto, da una impresión que tienen una información falsa”.
Otras serias preocupaciones para las Naciones Unidas son la Ley de Amnistía que consideran de carácter ambiguo y que puede beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos y el estancamiento en las negociaciones entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica.
La alta comisionada junto a otros países miembros del Consejo de Derechos de Naciones Unidas, demandó diálogo, reparación y no impunidad a los autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
En septiembre próximo, Michelle Bachelet presentará el informe definitivo sobre la crisis de represión y violación de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018.
