Los demócratas en el Congreso salieron al frente en respaldo a la implementación de las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama en materia de inmigración.
Treinta y cuatro senadores y 184 legisladores firmaron una carta conocido como el recurso de "amicus curiae" para pedir a la Corte Suprema que atienda la solicitud del departamento de Justicia y revise el fallo de la Corte Federal del Quinto Circuito de Apelaciones, que frenó la implementación de DACA y DAPA.
El documento presenta de manera detallada de qué manera el fallo de la Corte de Apelaciones afecta a miles de inmigrantes y familias de ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
El calendario indicado por el máximo tribunal le permitiría escuchar a ambas partes en abril y emitir una decisión en junio, cuando a Obama le restarán apenas siete meses en la Casa Blanca.
"El impacto de la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre las millones de personas que podrían ser elegibles bajo la acción diferida de la iniciativa del secretario – y sus hijos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales LPR- sería razón suficiente para que esta Corte concediera examinar ese fallo", escribieron los miembros del Congreso.
Al mismo tiempo presenta las bases legales en la que están basadas las órdenes ejecutivas dejando en claro que en ningún momento el Ejecutivo va más allá de sus facultades permitidas ni que son "inconstitucionales" como aseguran los republicanos.
En el documento se argumenta que DAPA y la ampliación de DACA son congruentes con la intención del Congreso y la bien establecida autoridad legal del Ejecutivo de establecer prioridades nacionales y ejercer discreción en la aplicación de las leyes migratorias.
Como se escribe en la carta: El Congreso le “otorgó al secretario [de Seguridad Nacional] amplia discreción para determinar cómo se aplican las leyes migratorias, y le ha ordenado explícitamente establecer políticas y prioridades para la aplicación de esas leyes.
Al mismo tiempo presenta las bases legales en la que están basadas las órdenes ejecutivas dejando en claro que en ningún momento el Ejecutivo va más allá de sus facultades permitidas ni que son "inconstitucionales" como aseguran los republicanos.
En el documento se argumenta que DAPA y la ampliación de DACA son congruentes con la intención del Congreso y la bien establecida autoridad legal del Ejecutivo de establecer prioridades nacionales y ejercer discreción en la aplicación de las leyes migratorias.
*Programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés) y la ampliación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
