El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el lunes al estado de Texas, alegando que los legisladores estatales republicanos discriminaron a los latinos y otras minorías al rediseñar los distritos legislativos a nivel federal y estatal para aumentar el poder de voto de los tejanos blancos.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció la demanda, la primera acción legal importante de la Administración Biden desde que los estados de todo el país comenzaron a remodelar sus distritos electorales después de la conclusión del censo de 2020.
Texas, el segundo estado más grande de EE. UU., con casi 30 millones de habitantes, creció dramáticamente desde el último censo en 2010, agregando casi 4 millones de residentes. Como resultado, el estado ganó dos escaños más en la Cámara de Representantes de 435 miembros. La mayor parte de ese crecimiento demográfico se produjo entre las minorías.
Pero el Departamento de Justicia alegó en la demanda que los legisladores republicanos habían vuelto a trazar los límites del Congreso de una manera que perjudicaría a los votantes minoritarios, que en general han votado por los demócratas.
La Corte Suprema de los EE. UU. no ha bloqueado el trazado políticamente partidista de los distritos legislativos, pero darles forma de manera que coloque injustamente a las minorías raciales y étnicas en desventaja es ilegal.
"Esta no es la primera vez que Texas ha actuado para minimizar los derechos de voto de sus ciudadanos minoritarios", sostiene la demanda. "Década tras década, Texas ha promulgado planes de redistribución de distritos que violan la Ley de Derechos Electorales".
En Twitter, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificó la demanda como "absurda".
"Estoy seguro de que las decisiones de redistribución de distritos de nuestra legislatura serán legítimas y este intento absurdo de influir en la democracia fracasará", escribió.
La demanda es la segunda en poco más de un mes que el Departamento de Justicia ha presentado contra Texas en casos relacionados con la votación. El gobierno federal afirmó anteriormente que una nueva ley estatal privaría del derecho al voto a numerosos ciudadanos, incluidos los estadounidenses de edad avanzada y las personas con discapacidades, al prohibir el voto las 24 horas y el drive-thru.
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