Amnistía Internacional (AI) ha señalado al gobierno ecuatoriano de Rafael Correa como violador de los derechos humanos de indígenas y campesinos, quienes por protestar contra proyectos de explotación de recursos naturales, son acusados de sabotaje y terrorismo.
"La retórica hostil por parte de los miembros del gobierno, incluyendo el propio presidente (Rafael) Correa, en contra de los pueblos indígenas, sigue siendo motivo de preocupación", dice el documento de 40 páginas, dedicado a analizar las protestas sociales de 2009-2011.
Las mayores protestas fueron provocadas por las leyes de minería y de aguas, que de acuerdo con los indígenas vulneraba el derecho a la consulta previa, contemplada en la constitución, antes de la explotación de recursos naturales.
AI reportó que en el período señalado se iniciaron siete demandas judiciales contra 24 líderes de comunidades campesinas y organizaciones indígenas, que protagonizaron protestas contra las leyes.
De esos 24 dirigentes, 16 han enfrentado cargos por terrorismo, 11 por sabotaje, 6 por bloqueo de vías y uno por homicidio, destacó.
La mayoría de los acusados pasaron desde unos días hasta semanas en prisión y quedaron en libertad ante la falta de pruebas. Algunos procesos han quedado congelados en instancias preliminares y otros han avanzado a instancias como juicios penales, manifestó AI.
AI señaló que el hecho de que 24 líderes "enfrenten cargos cuestionables por supuesta participación en las protestas ... muestra un patrón preocupante", y pidió "hacer frente al uso indebido del sistema judicial como una forma para silenciar a los que manifiestan oposición a las leyes políticas propuestas por el gobierno".
"La retórica hostil por parte de los miembros del gobierno, incluyendo el propio presidente (Rafael) Correa, en contra de los pueblos indígenas, sigue siendo motivo de preocupación", dice el documento de 40 páginas, dedicado a analizar las protestas sociales de 2009-2011.
Las mayores protestas fueron provocadas por las leyes de minería y de aguas, que de acuerdo con los indígenas vulneraba el derecho a la consulta previa, contemplada en la constitución, antes de la explotación de recursos naturales.
AI reportó que en el período señalado se iniciaron siete demandas judiciales contra 24 líderes de comunidades campesinas y organizaciones indígenas, que protagonizaron protestas contra las leyes.
De esos 24 dirigentes, 16 han enfrentado cargos por terrorismo, 11 por sabotaje, 6 por bloqueo de vías y uno por homicidio, destacó.
La mayoría de los acusados pasaron desde unos días hasta semanas en prisión y quedaron en libertad ante la falta de pruebas. Algunos procesos han quedado congelados en instancias preliminares y otros han avanzado a instancias como juicios penales, manifestó AI.
AI señaló que el hecho de que 24 líderes "enfrenten cargos cuestionables por supuesta participación en las protestas ... muestra un patrón preocupante", y pidió "hacer frente al uso indebido del sistema judicial como una forma para silenciar a los que manifiestan oposición a las leyes políticas propuestas por el gobierno".
