La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de Naciones Unidas, condenó que en Chile se sigan recibiendo denuncias de atropellos a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales que se iniciaron hace ya tres meses.
“Seguimos recibiendo alegaciones sobre vulneración de derechos en Chile, en el marco de manifestaciones sociales”, afirmó el Representante para América del Sur* del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab.
En un reporte de 30 páginas, la organización afirma que aunque se han visto algunos pasos del gobierno en la dirección correcta, tales como que los policías usen cámaras corporales para grabar sus actuaciones, pero afirma que se siguen recibiendo denuncias de golpizas, torturas, acoso sexual y otros abusos.
El reporte critica además que el gobierno no ha hecho suficientes esfuerzos para implementar 21 recomendaciones hechas en noviembre, poco después que se apaciguaran las más violentas protestas en el país.
Una de las principales críticas es que el informe de noviembre incluía la creación de un mecanismo “que involucre a la Oficina del Alto Comisionado en América del Sur, así como a la sociedad civil, para dar seguimiento en la implementación de las medidas recomendadas por la Oficina, como también aquellas de expertos internacionales de derechos humanos”.
Pero de igual manera, el informe condena ciertas prácticas como el lanzamiento de cartuchos de gases lacrimógenos directamente al cuerpo de manifestantes, ocasionando lesiones craneanas, o pérdidas de ojos.
“En la última semana, la Oficina conoció de la muerte de una persona, presuntamente a raíz de una actuación policial como esta, lo que debe ser esclarecido por la autoridad”, agrega el informe.
La represión ha incluido atropellos con carros policiales y golpizas contra brigadas voluntarias de salud, periodistas, observadores la sociedad civil e incluso contra funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“La Oficina reafirmó que el Estado debe proteger el rol de las personas defensoras de derechos humanos, por cuanto contribuyen a un ambiente propicio para el ejercicio de otros derechos”, indica el informe.
La Oficina del Alto Comisionado afirma que necesita ver un mayor esfuerzo del gobierno para coordinarse con la sociedad civil para trabajar en la prevención de actos de violencia contra los manifestantes. Hacen énfasis en la prevención.
“Como Oficina del Alto Comisionado tenemos el mandato de promover y proteger los derechos humanos, en Chile como en el resto de la región y en el mundo. Reiteramos nuestro compromiso de seguir cooperando con el gobierno y con todos los actores relevantes para apoyar el desarrollo de legislación, políticas y planes armónicos con las normas de derechos humanos ratificadas por el Estado de Chile”, concluyó el Representante.
