Las autoridades cubanas dieron a conocer el informe nacional anual sobre la trata de personas y delitos afines, en el cual reportaron que a lo largo del año pasado se condenó a una docena de personas con penas de hasta 20 años de cárcel.
Publicado este fin de semana en la página oficial de la Cancillería isleña, el documento reiteró la política de “tolerancia cero” para estos flagelos, al tiempo que advirtieron sobre la presencia de “empresarios extranjeros y cubanos” que fueron investigados por reclutar sobre todo a mujeres para trabajar en bares en otros países.
La mayoría de los delitos señalados en el texto son de índole nacional, sobre todo las 12 personas encontradas culpables --cinco hombres y siete mujeres-- de corromper a menores o proxenetismo, en este caso todas niñas menores de 16 años.
Pero también se abordó algunas de alcance internacional y para las cuales, dice el documento, se trabajó con las policías de otros países y con la INTERPOL.
Aunque el documento se refiere al año 2021, en el cual el azote de la pandemia del COVID-19 mantuvo cerradas las fronteras de los países, se produjeron algunas violaciones de la ley de carácter internacional.
“El accionar delictivo se concentró en la captación de jóvenes, principalmente del sexo femenino, por parte de empresarios extranjeros y cubanos, para brindar servicios de bares y centros nocturnos en Rusia, México, Nicaragua, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Japón, China y Chipre”, señaló el reporte oficial, que no ofreció detalles sobre el particular.
Cuba, sometida desde el inicio de la pandemia a una dura crisis económica que se agudizó con las sanciones de Estados Unidos y decisiones de política financiera propias, enfrenta una emigración récord, gran parte de la cual se desplaza desde la isla a través de Centroamérica y luego a México con el apoyo de “coyotes” o con la participación de contrabandistas en lanchas rápidas por el Estrecho de la Florida.
El informe oficial además reconoció que “persiste la incidencia en Cuba de extranjeros que interactúan con prostitutas a cambio de dádivas”, así como la venta en línea de videos e imágenes de contenido sexual “cuyo pago se materializa mediante transferencias bancarias desde el exterior e interior del país”.
Sin embargo, indicó, no se detectaron redes o crimen organizado con base nacional, ni casos al interior de centros turísticos — la mayoría cerrados por la propia pandemia.
El documento menciona además la tensa relación con Estados Unidos, que mantiene sobre la isla un embargo y al cual las autoridades acusan de fomentar la emigración ilegal y tolerar la realización de operaciones de tráfico de personas mediante lanchas rápidas.
En las últimas semanas se hicieron públicos dos casos de contrabando frustrado, en una de ellas murieron cinco personas al chocar una nave de traficantes con una embarcación de guardacostas.
También, el documento oficial rechazó la acusación del gobierno de Estados Unidos de que los programas de envíos de médicos internacionalistas cubanos califiquen como trata de personas, pues los galenos están contratados en apego a la ley local, se firmó acuerdo con los países receptores y cuentan con el respaldo de las normas de Naciones Unidas.
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