A una semana de que se cumpla un año desde el inicio de un conflicto armado interno en el Ecuador, decretado por el presidente Daniel Noboa tras un incremento alarmante de la violencia, su gobierno emitió este 2 de enero un nuevo estado de excepción, que amplía la cobertura de la medida.
Ahora, además de los territorios donde ya se ejecutaba -seis provincias y dos municipios- se suman otros dos: la provincia amazónica de Sucumbíos, que limita con el departamento colombiano de Putumayo, en el sur de ese país, y el municipio de La Troncal, a unos 80 kilómetros del centro de Guayaquil.
¿Qué llevó al gobierno a insistir en un estado de excepción similar a otros decretados anteriormente? Algunos factores que se esgrimen en el extenso decreto ejecutivo 493 son “grave conmoción interna” y que “aún registran extrema violencia en dichas circunscripciones”.
Y esto lo respaldan las cifras: Si bien hasta el 12 de diciembre de 2024 se registraron un 16 % menos de homicidios intencionales en el país andino, delitos como las extorsiones y los secuestros se multiplicaron a lo largo y ancho del territorio, superando los 13.000 y 2.000, respectivamente, según cifras de la Policía Nacional.
Más allá de las cifras, los medios de comunicación registran permanentemente hechos en los que los principales protagonistas son miembros de bandas criminales y víctimas de su accionar.
De hecho, apenas comenzó el nuevo año, se contabilizó la primera víctima mortal en Guayaquil, una joven de 22 años que fue atacada por delincuentes cuando circulaba en un auto por un sector popular. Lo paradójico, de acuerdo con la versión de la prensa local, es que ella llegó a pasar las fiestas de fin de año junto a su novio, que es miembro de la policía.
Y justamente, la fuerza pública es también víctima de la acción de las bandas criminales. El gobierno afirma que en el año que acaba de finalizar fueron asesinados 43 uniformados, 39 policías y cuatro miembros de Fuerzas Armadas.
¿A qué lo faculta este nuevo decreto ejecutivo?
Entre otras cosas, permite que durante 60 días se suspenda el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Esto, a su vez, facilitará “la realización de inspecciones, allanamientos, y las requisas correspondientes por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, conducentes a la ubicación y registro de los lugares destinados a ocultarse de las personas pertenecientes a los grupos armados organizados”.
Por otro lado, la medida permite que se suspenda el derecho a la “inviolabilidad de correspondencia” para la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas o misivas físicas o electrónicas que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro del grupo armado organizado.
Además, establece un toque de queda entre 10:00 de la noche y 5:00 de la mañana en 22 municipios y en una parroquia (jurisdicción territorial más pequeña).
Finalmente, dispone que continúe la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía en los territorios donde está vigente y en los centros de rehabilitación social del país.
Consultado por la Voz de América sobre esta medida, el constitucionalista Salim Zaidán cuestionó este viernes el carácter reiterado de los estados de excepción y dijo que el gobierno argumenta causales que no se consuman: “Grave conmoción interna y conflicto armado interno”.
No se cumplen los elementos que configuren el conflicto armado interno, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Derecho Internacional Humanitario, explicó el académico.
También expresó que le llama la atención que el gobierno presente entre sus logros el “control” de las cárceles, cuando eso no existe en la práctica. Señaló que eso evidencia una contradicción con los fundamentos fácticos que se señalan en el documento.
De su parte, la investigadora guayaquileña de Crimen Organizado Internacional (COT) conflicto y violencia Michelle Maffei aseveró que normalmente los estados de emergencia son regulares en Latinoamérica.
Desde su punto de vista, los estados de excepción en Ecuador “son prostituidos y lamentablemente no logran nada”. Señaló, además, que “las estructuras políticas, financieras y la corrupción -que son el motor del crimen organizado y de la violencia- no cambian”.
Añadió que si bien en El Salvador existe un enfoque militarista, con el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, se implementaron programas con enfoque social, lo que no ocurre en el país sudamericano.
El nuevo estado de excepción se cumple en medio de reiteradas críticas al presidente ecuatoriano y su gobierno, tras la localización e identificación de los cuerpos calcinados de cuatro menores de edad, luego de haber permanecido desaparecidos durante tres semanas.
Detrás de este hecho, se investiga a 16 integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en la detención, durante un operativo en una zona popular de Guayaquil.
El sepelio de los jóvenes, cuyos cuerpos se localizaron cerca de una base de la Fuerza Aérea, se cumplió este 1 de enero, en medio de la indignación colectiva, frente a lo que se considera una extralimitación en el uso de la fuerza.
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