A un día de que concluya el estado de excepción en las cárceles de todo el país, el gobierno ecuatoriano anunció que no renovará la medida pero mantendrá la vigilancia externa con apoyo de la fuerza pública, mientras alista la contratación progresiva de unos 4.000 agentes penitenciarios.
La decisión se adoptó durante un gabinete sectorial de seguridad en el que, según informó el lunes el viceministro de Gobierno Max Campos, “se ha dispuesto que las Fuerzas Armadas continúen estando en su lugar de trabajo con la Policía Nacional” para prevenir y controlar brotes de violencia en las prisiones.
En declaraciones a una radio local el funcionario afirmó que “por el momento no habrá renovación del estado de excepción” y aseguró que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, “sí pueden estar alrededor (de los centros de detención) para el control de las violencias y posibles situaciones que se puedan dar al interior”.
Campos destacó como otra de las medidas implementadas por el gobierno para afrontar la crisis carcelaria, el trabajo que una semana atrás inició una comisión de pacificación integrada por expertos nacionales e internacionales y que cuenta con seis meses de plazo para presentar sus resultados.
Añadió que la tarea de la comisión permitirá entender la lógica de la violencia intramuros de las cárceles y que se traslada a los exteriores, así como las economías ilegales al interior de los mismas, con el fin de orientar al gobierno en la formulación de políticas públicas y estrategias para contrarrestar la crisis.
Por su parte, el vocero presidencial, Carlos Jijón, indicó que se han dado pasos importantes como acuerdos de cooperación con Colombia y destacó como una de las primeras acciones la contratación de personal que permita “ir de 1.500 guías (penitenciarios) que hay al momento a 4.000 en los próximos meses”.
Jijón no dio fechas límite y aclaró que “no se puede contratar de un día para el otro sino que requiere un tiempo de formación” así como de un proceso para “dotarlos de armamento no letal necesario para realizar las tareas” de control interno en los centros de detención.
A fines de noviembre el gobierno ecuatoriano extendió el estado de excepción para las cárceles del país por 30 días adicionales “por conmoción interna” y para precautelar los derechos de los privados de libertad, seguridad penitenciaria y policías. La medida permitía la movilización y participación de las Fuerzas Armadas para “reforzar la seguridad interna y perimetral” de las prisiones, así como en las vías, zonas de influencia y controles de armas y objetos en los filtros de acceso.
El estado de excepción finaliza el 28 de diciembre, por lo que al interior de las cárceles solo vigilarán los guías penitenciarios.
La crisis carcelaria en el país andino ha dejado en 2021 más de 300 fallecidos en al menos cuatro episodios sangrientos que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó las cárceles ecuatorianas, han multiplicado en siete veces las muertes violentas que se produjeron en Ecuador en 2020.
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