Solo hasta este viernes, 12.500 reclusos en 10 cárceles de Ecuador recibirán la alimentación de un proveedor privado, que suspendió el servicio, aduciendo una millonaria deuda del gobierno. La Defensoría del Pueblo advierte que esto podría implicar una vulneración a los derechos de los presos.
Las cárceles, que están bajo control de los militares desde enero, albergan un total de 32.039 personas —cifra registrada hasta finales de abril—, aunque su capacidad admite a 27.714 presos, es decir hay una sobrepoblación de más del 15 %.
La Fattoria, empresa que ha manejado por más de una década la provisión de alimentación en las cárceles, suspendió el servicio tras un cruce de acusaciones con el gobierno, que la ha señalado por supuestos actos de corrupción y supuestos “vínculos con el crimen organizado”, aunque no ha presentado públicamente pruebas sobre la acusación.
La empresa, de su lado, dice que as denuncias del gobierno son “vacías y sin fundamento” y reclama que el gobierno le adeuda 10 millones de dólares por los últimos seis meses de servicio.
La Fattoria —que según su abogado recibía 2.50 dólares por la alimentación diaria de cada recluso— tenía previsto entregar este viernes, ante un notario los espacios que ocupaba en 10 cárceles de Guayaquil. Su abogado, Joffre Campaña, dijo a The Associated Press que deben “dejar constancia” de que desocupan las instalaciones, como la cocina y otros lugares que usaban para su operación.
El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad a cargo de las prisiones, se ha mantenido en silencio sobre esto desde el 17 de mayo, cuando informó en un comunicado que está trabajando en la etapa “precontractual” para la adjudicación de un nuevo contrato para el servicio de alimentación en las cárceles.
AP consultó este viernes sobre qué mecanismo tiene previsto para sustituir el servicio que hoy concluye en Guayaquil pero no recibió respuesta.
El contrato para la provisión de alimentos en estas prisiones regía desde 2023 y estaba previsto que concluyera en 2025.
A finales de abril, la empresa La Fattoria suspendió el servicio de alimentación que ofrecía en otras cárceles en el norte y centro del país porque adujo que a pesar de que estaba cumpliendo con entregar la alimentación el gobierno no había hecho los pagos correspondientes.
Según su abogado, cerca de 12.000 reclusos de estas cárceles en Cotopaxi, Pichincha, Sucumbíos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi e Imbabura están sufriendo la falta de alimentos desde que se suspendió el servicio.
“En los próximos días la situación se irá agravando porque el gobierno no ha contratado a otra empresa”, dijo Campaña, e insistió que la prestación de este servicio “requiere una gran infraestructura, solvencia y experiencia”.
En la cárcel de Latacunga, en el centro del país — y una de las más grandes a nivel nacional— , los familiares de los prisioneros han intentado suplir con donaciones el servicio que se suspendió hace un mes. Desde inicios de mayo varios medios locales han difundido las imágenes de la entrega de alimentos crudos y frutas en costales que eran revisados por los guardias en los ingresos.
La difícil situación fue corroborada por la Defensoría del Pueblo que ha hecho varias visitas a las cárceles en las últimas semanas. El martes la institución recordó al gobierno que el Estado es responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la alimentación de los presos bajo su custodia.
Rodrigo Valera, coordinador de protección de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, relató a AP las dificultades que enfrentan los presos para alimentarse, tras la suspensión del servicio. Dijo que en algunas cárceles del centro y el norte del país reciben dos comidas y en otras solamente una. Eso representa un incumplimiento a los estándares internacionales que señalan que deben recibir tres comidas nutritivas y variadas al día.
Dijo además que, por ahora, los alimentos donados que reciben en las cárceles son preparados por los propios reclusos.
En Ecuador, las cárceles están bajo control de las fuerzas militares, en medio de una ola de violencia y un conflicto interno armado decretado desde inicios de enero por el presidente Daniel Noboa.
Según las autoridades, los centros carcelarios han sido centros de mando de bandas criminales con nexos a organizaciones de narcotráfico transnacional a las que responsabiliza por la ola de violencia e inseguridad en el país, incluidas las matanzas penitenciarias que desde 2021 han dejado hasta la actualidad un medio millar de reclusos asesinados.
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