El presidente estadounidense, Donald Trump, no puede desviar 89 millones de dólares de un proyecto militar de construcción en el estado de Washington para pagar el muro en la frontera con México, falló el jueves una jueza federal en Seattle.
La Corte Suprema de Estados Unidos y otras instancias judiciales han dicho que el gobierno puede comenzar a reasignar miles de millones de dólares de gastos militares para el muro, y ya han comenzado las labores en algunas secciones.
Sin embargo, la jueza de distrito Barbara Rothstein falló que la querella presentada por el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, contiene argumentos que no están cubiertos por esas decisiones.
Rothstein falló que desviar los fondos es ilegal porque el Congreso, que tiene el poder sobre el dinero según la Constitución, específicamente negó a Trump más fondos para el muro.
La decisión también fue ilegal debido a que tomaría dinero que el Congreso asignó para construcciones militares para labores policiales internas, añadió la jueza.
“El Congreso rechazó reiterada y deliberadamente asignar todos los fondos que el presidente solicitó para un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos”, escribió Rothstein.
Si bien Trump ha insistido desde hace tiempo en que México pagaría por el muro, no ha sido así. A finales de 2018 y principios de 2019, el Congreso rechazó darle a Trump todo el dinero que quería para un muro fronterizo, lo que condujo a un cierre parcial del gobierno de 35 días.
Los legisladores al final le dieron 1.400 millones de dólares.
En respuesta, Trump declaró una emergencia nacional. El gobierno federal afirmó que eso le permitió desviar casi tres veces esa cantidad, 3.600 millones de dólares, de cuentas militares para construir 280 kilómetros de valla divisoria en California, Arizona, Texas y Nuevo México.
El año pasado, la Corte Suprema anuló una orden judicial que impedía al gobierno gastar 2.500 millones de dólares de los fondos del Departamento de Defensa designados a pensiones de militares y lucha contra las drogas.
Pero las demandas legales continúan en torno a ese dinero, así como sobre los 3.600 millones de dólares que el Pentágono está desviando de proyectos de construcción militares.
