Una hija que nunca regresó a casa, un hijo baleado a quemarropa, una madre atacada brutalmente. Todos murieron a manos de inmigrantes que están en Estados Unidos sin autorización, todas historias que la Casa Blanca ha estado ansiosa por difundir.
Sin embargo, pese a toda la conversación sobre asesinos, violadores y otros "bad hombres", aquellos atrapados en la política de mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, suelen estar acusados de delitos menores y, cada vez más, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detienen a personas sin antecedentes criminales.
“Dar rienda suelta al ICE realmente le ha permitido detener a más individuos", dijo Sarah Pierce, analista de políticas del Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista que califica la detención de inmigrantes no delincuentes como "una característica definitoria del enfoque de inmigración de este gobierno”.
El caso de Mollie Tibbetts, una estudiante universitaria de 20 años en Iowa que las autoridades dicen fue asesinada por un hombre que vivía en Estados Unidos sin autorización, es uno de los más recientes usados por Trump para promover sus argumentos a favor de controles inmigratorios más estrictos. Sin embargo, las propias estadísticas del gobierno muestran que esos casos son la excepción, no la norma.
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Los arrestos de inmigrantes no delincuentes por ICE aumentaron por un 66% en los primeros nueve meses del año fiscal 2018, en comparación con el mismo periodo hace un año. Mientras tanto, los arrestos de convictos subieron casi el 2%.
También han sido deportadas más personas que no han cometido crímenes. Entre los expulsados de Estados Unidos en el año fiscal 2017, hubo un incremento de 174% respecto al año previo de aquellos sin condenas. En el mismo período, las deportaciones de aquellos con condenas subieron 13%.
El resultado es que las cortes de inmigración están llenas de acusados como Rubén Moroyoqui, un mecánico de 45 años en Tucson, Arizona, cuyo único encuentro con la policía fue el año pasado, dice su abogado, cuando lo detuvieron por una infracción mientras recogía repuestos automotrices con su vehículo.
Primero, el policía le pidió su licencia. Su segunda pregunta, dijo Moroyoqui, fue: “¿Estás legalmente aquí?”. No le multaron por ningún delito de tránsito. Simplemente lo entregaron a ICE, que inició el proceso para deportarlo a México. Su apelación está pendiente.
Moroyoqui entró con autorización al país hace 16 años pero, después de vencerse su visa se quedó debido a la falta de oportunidades en su país. Tiene cuatro hijos nacidos en EE.UU. y dice que siempre ha pagado sus impuestos. "Siento gran respeto y amor por este país", dijo.
ICE ha pregonado sus deportaciones de narcotraficantes, pandilleros violentos y otros acusados de delitos graves; y en el año fiscal del 2017 reportó que 56% de todos los deportados que procesó, en el interior del país y en la frontera, habían sido acusados de crímenes. Sin embargo, durante el gobierno de Trump, al igual que en gobiernos previos, cuando un deportado tiene antecedentes criminales, suele ser por infracciones menores.
Entre los más de 220.000 deportados en el año fiscal 2017, 79.270 no tenían condenas, de acuerdo con datos de ICE archivados en la Transactional Access Clearinghouse en la Universidad de Syracuse.
De aquellos con antecedentes, el delito más grave de uno de cada cuatro, era ingresar o reingresar sin autorización al país. Esos dos cargos representaron el primero y tercero más comunes entre los deportados. Conducir en estado de ebriedad fue el segundo, seguido por agresión y violaciones de tránsito. Narcotráfico, entrada sin autorización a construcciones, violencia doméstica, latrocinio y venta de marihuana, completaron los 10 primeros.
El resto de aquellos con antecedentes penales fueron condenados por una serie de cargos, desde delitos graves como secuestro, hasta faltas menores como apuestas ilegales, violación de leyes de conservación de peces y pasear en autos ajenos.
Para Ariel Vences López, el cargo que llevó a su proceso de deportación fue un viaje sin boleto en el tren ligero de Minneapolis el año pasado. Tras preguntarle a Vences López si estaba en el país sin autorización, un policía de tránsito usó una pistola de electroshock y lo arrestó por sospecha de evasión de pasaje, antes de entregarlo a ICE. Los cargos fueron retirados, pero el reparador de techos de 25 años sigue apelando su deportación a México. El procedimiento fue aplazado hasta 2019.
Adriana Cerrillo, una activista de inmigración que participó en protestas por el caso y que se ha hecho amiga de Vences López, dijo que el público debería saber lo inusual que es que deporten a personas con antecedentes delictivos.
"Mi madre no es una delincuente. Mi hermana no es una delincuente", dijo. Cerrillo. Se pregunta cuántos "bad hombres", el término usado por Trump, están en EE.UU., y llama a los estadounidenses a pensar críticamente sobre el mensaje promulgado. "¿Cómo decimos 'lavado de cerebro' de otra manera?"
Daniel Stein, presidente de la Federación Americana para una Reforma Migratoria, una organización que promueve activamente medidas restrictivas a la inmigración, dijo que centrarse solamente en aquellos en el país sin autorización que han cometido delitos graves, ignora la ley y que esos residentes deberían ser deportados sin importar si tienen antecedentes penales.
"¿Quién decidió que la política de Estados Unidos era que todo el mundo podía venir acá sin importar la ley siempre y cuando no cometa un delito violento?", dijo.
Luis Alberto Enamorado Gómez, quien dejó Honduras en 2005, fue acusado de conducir en estado de ebriedad en 2012 y se ordenó su deportación al año siguiente, pero como el caso era considerado de poca prioridad durante el gobierno de Barack Obama, nunca fue obligado a irse. En los últimos dos años de Obama eso era lo común, cuando se le instruyó a ICE a utilizar el criterio para diferir cualquier acción sobre inmigrantes con órdenes de deportación, especialmente aquellos con niños y que estaban en el país antes del 2010.
Eso llegó a su fin con Trump, y con las nuevas órdenes de procesar todos los casos de inmigración, ICE procedió a inicios de este año y arrestó a Enamorado Gómez. Estuvo detenido durante seis semanas y ahora apela su deportación. El residente de Grandview, Missouri, de 31 años, dice que teme lo que su deportación implicaría para sus siete hijos, todos nacidos en Estados Unidos y de quienes él es el único responsable.
"¿Cómo somos criminales si solamente venimos a trabajar y mantener a nuestras familias?", pregunta.
Con la atención pública centrada en la separación de niños inmigrantes de sus padres, Trump trató de desviar la atención a los inmigrantes peligrosos con un evento en la Casa Blanca con los familiares de aquellos asesinados por personas en el país sin autorización. "Estos son los ciudadanos estadounidenses que están separados permanentemente de sus seres queridos", dijo Trump. "Éstas son las historias que los demócratas y las personas que son débiles en el asunto de inmigración no quieren discutir".
Pero los delitos más graves, como homicidios y violaciones, son relativamente inusuales entre los deportados. Varios estudios han concluido que los inmigrantes en Estados Unidos tienen una tasa de criminalidad menor que los ciudadanos.
Algunas agencias locales del orden colaboran con ICE e inmediatamente alertan a la agencia si un inmigrante entra en contacto con un policía, ya sea porque comete un delito o es víctima de un delito. Incluso sin esa cooperación, ICE puede enviar a sus agentes a cortes donde van a comparecer inmigrantes para capturarlos y que sean deportados.
Eso fue lo que le sucedió a Nefi Rodas, un albañil de 34 años de Worcester, Massachusetts, quien le pagó a un traficante para salir de Guatemala en 2003. Tras recibir una citación el año pasado por sospechas de conducir en estado de ebriedad, fue a la corte para una comparecencia preliminar. Agentes del ICE lo esperaban afuera del edificio.
"Como abogados de inmigración, no sabemos qué hacer", dijo Cindy Burke, quien representa a Rodas. "Tienes que comparecer en la corte estatal, pero hay una gran probabilidad de que ICE va a estar allí esperando".
Como Rodas no llegó a su audiencia, se emitió una orden de arresto en su contra, lo que complicó su causa. Se pasó casi cuatro meses detenido por ICE, pero el proceso de deportación fue suspendido cuando un juez falló que enviarlo a Guatemala causaría penurias indebidas a su hija con necesidades especiales. Ahora Rodas tiene la residencia permanente en Estados Unidos.
"Una persona hace algo y es como si todos lo hubiéramos hecho", dijo de la tendencia de algunos estadounidenses de calificar a todos aquellos sin residencia legal como criminales violentos. "No he asesinado a nadie. No he violado a nadie".
La proporción de deportados sin antecedentes penales era mayor al final de la presidencia de George W. Bush, cuando dos terceras partes no tenían antecedentes, según datos de ICE. Las deportaciones totales alcanzaron su pico en los primeros años del gobierno de Obama, pero la proporción de aquellos sin antecedentes penales cayó.
En general, cuando se examinan las deportaciones tanto de personas sorprendidas en la frontera como aquellas que viven en el país, el porcentaje de aquellas sin antecedentes ha subido ligeramente bajo Trump respecto a la era de Obama. Pero con un incremento de los arrestos de inmigrantes que viven en Estados Unidos, expertos esperan que la cifra crezca.
Melissa Aispuro, de 20 años y residente de Tucson, Arizona, es otra persona sin antecedentes delictivos que se encuentra en proceso de deportación. Aispuro ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos. Fue traída de niña y regresó por un tiempo a México tras la secundaria, antes de volver a Estados Unidos en 2016. Entró legalmente con una tarjeta de cruce fronterizo, pero se quedó al vencerse el tiempo permitido.
Cuando otro automovilista chocó su auto en octubre, llamó sin dudarlo a la policía. Ni siquiera se le ocurrió que la policía reportaría a ICE a una persona sin antecedentes delictivos que solamente había sufrido un accidente.
"Es realmente triste, porque no todos somos criminales. Algunos venimos por educación, por una vida mejor", dijo Aispuro, que está casada con un estadounidense y apela su deportación. "Puedes decir lo que quieras, pero en mi corazón sé quién soy”.
