Un caso que escuchará el lunes la Corte Suprema de Estados Unidos tiene preocupados a los expertos por la forma en que podría afectar a los periodistas que cubren la inmigración.
El caso, conocido como Estados Unidos contra Hansen, surge de un juicio en 2017 en que un individuo llamado Helaman Hansen fue declarado culpable de cometer fraude en una agencia de adopciones que administraba.
Hansen está tratando de que se anulen partes de ese veredicto, alegando que artículos de una ley federal que penaliza alentar o inducir la inmigración ilegal a EEUU violan los derechos de libertad de expresión protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución.
El gobierno pidió a la Corte Suprema que escuchara el caso después de que una corte menor falló que la ley era “demasiado amplia e inconstitucional”, según el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa.
Los expertos de medios coinciden, diciendo que cláusulas tan abiertas podrían dejar a los periodistas a merced de ser juzgados si cubren un cierto margen de temas, desde poca seguridad en la frontera hasta moderaciones de la política migratoria.
En el caso de Hansen, “lo que hizo fue administrar una agencia de adopciones de adultos fraudulenta que prometía falsamente un camino a la ciudadanía (de EEUU)”, dijo Grayson Clary, abogado del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, a la Voz de América.
En una sesión informativa a la prensa, abogados de la Unión de Libertades Civiles dijeron que bajo la llamada cláusula de incitación de la ley federal, es un delito grave “alentar o inducir” a un individuo “a entrar o residir en Estados Unidos” con conocimiento de que esa persona estará violando la ley.
Pero eso es muy amplio, según periodistas y abogados de inmigración, y podría abrir espacio para juzgar a periodistas que publiquen historias veraces cuyo contenido estuviera incluso fuera del contexto de la inmigración.
“Si un reporte de prensa puede ser considerado ilegal por dar a los migrantes ideas de cómo pueden cruzar la frontera, ¿por qué ese mismo razonamiento no pudiera aplicarse, por ejemplo, a críticas a los departamentos de policía que expongan incompetencias que los delincuentes puedan explotar?”, escribió Seth Stern, de la Fundación de Libertad de Prensa, el 15 de marzo.
“¿Y qué de reportar abusos que puedan llevar a los manifestantes a entrar en propiedades del gobierno o violar toques de queda?”, agregó Stern.
Según Stern, “eso no quiere decir que los fiscales no tratarían, y la simple perspectiva de un arresto es seguro que llevaría a la autocensura”.
Violar esas cláusulas implicaría una sentencia máxima de cinco años en prisión, pero si la violación es cometida “con el propósito de ventaja comercial o ganancias financieras privadas” una pena separada puede aumentar la prisión hasta 10 años.
“Nadie quiere defender lo que hizo (Hansen), pero en el contexto de la Primera Enmienda hay una doctrina llamada exceso de amplitud”, dijo Clary.
“Eso significa que aunque uno haya sido juzgado por algo que el gobierno puede prohibir constitucionalmente, aún se puede alegar que la ley utilizada viola la Primera Enmienda”.
En febrero, la Fundación de Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, la Asociación Nacional de Fotógrafos y la Asociación de Líderes de Noticias exhortaron a la Corte Suprema a determinar que la ley federal que penaliza alentar a no ciudadanos a residir en EEUU viola de forma ilegal la Primera Enmienda.
El Departamento de Justicia refirió a la VOA sus alegatos en el caso y dijo que no comentaría sobre el litigio en curso.
Elizabeth Barchas Prelogar, la procuradora general de EEUU, expresó en una nota que “si un acusado colabora en una violación criminal de las leyes de inmigración, el acusado pudiera ser juzgado bajo la prohibición federal general de asistencia y complicidad”.
Añadió que Hansen no tiene un argumento válido de protección bajo la Primera Enmienda.
En 2019, los medios de prensa NPR y The Intercept publicaron reportes que detallaban abusos experimentados por periodistas, activistas y abogados de inmigración de parte de agentes fronterizos en la frontera entre EEUU y México.
De acuerdo con documento filtrados, los gobiernos de EEUU y México llevaban una base de datos de todos los que interactuaron con migrantes u ofrecieron asistencia. Eso resultó en periodistas y abogados de inmigración que fueron blancos de inspecciones por agentes fronterizos de ambos países.
En ese momento, las publicaciones enviaron preguntas a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP) y a las autoridades mexicanas, pero no recibieron respuestas.
Andrew Meehan, comisionado asistente de CBP para asuntos públicos, dijo a AP que la agencia “tiene políticas establecidas que prohíben la discriminación contra los viajeros que llegan y cláusulas específicas sobre los encuentros con periodistas” y añadió que CBP “continuaría manteniendo un alto nivel de responsabilidad y transparencia con los medios y el público”.
Clary dijo a la VOA que “ha habido excesos en el pasado debido a lo amplio del texto en el estatuto” y que espera que “de una forma u otra la decisión de la Corte Suprema aclare que ese tipo de abusos no se repitan en el futuro”.
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