Por mayoría de seis votos contra tres, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, confirmó la ley antiterrorismo que había sido impugnada por grupos humanitarios, porque prohíbe el denominado "apoyo material", a organizaciones terroristas extranjeras.
La impugnación de los grupos humanitarios estaba basada en la defensa de la libertad de expresión.
La decisión ratifica la autoridad del gobierno estadounidense de prohibir toda forma de ayuda a grupos terroristas, incluyendo entrenamiento y asesoramiento.
Al escribir la opinión de la mayoría, el presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, afirmó que incluso el apoyo material que tiene objetivos benignos puede ayudar a grupos terroristas de otras formas.
"Ese tipo de apoyo libera otros recursos dentro de la organización, la cual puede usar para fines violentos", afirmó Roberts. El gobierno de Barack Obama dijo que la ley de "apoyo material" es una de sus herramientas más importantes en la lucha contra el terrorismo.
Por su parte, el juez Stephen Breyer, en una actitud inusual, procedió a leer en voz alta la opinión de los jueces que discreparon con la mayoría, y dijo que rechazaba la conclusión de la mayoría de que "la Constitución permite al gobierno enjuiciar a los demandantes" por proveer instrucción y consejos sobre los objetivos políticos legítimos de grupos terroristas.
El juez Bryer, así como las jueces Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, fueron los que votaron en minoría.
Los grupos humanitarios decidieron avanzar con la impugnación de la Ley, después de que asesoraran a un grupo en Turquía sobre cómo presentar quejas de derechos humanos ante Naciones Unidas y les asistieron en negociaciones de paz. La ayuda fue suspendida cuando Estados Unidos designó al grupo turco como organización terrorista en 1997.
Una situación similar se generó con un grupo de Sri Lanka que también fue calificado como agrupación terrorista en 1997, lo que inhabilitó cualquier ayuda.
La conocida ley de "apoyo material" es una de sus herramientas más importantes en la lucha contra el terrorismo y ha sido usada unas 150 veces desde los ataques del 11 de septiembre del 2001 y resultaron en 11 condenas.
