El Congreso de Estados Unidos aceptó condicionalmente ayudar a reestructurar la enorme deuda pública de Puerto Rico, mediante un plan que cuenta con el beneplácito de la administración Obama.
El convenio bipartisano crearía de una junta de control fiscal, y reduciría temporalmente el salario mínimo para los trabajadores jóvenes de la isla.
La junta de siete miembros sería nombrada por el Congreso y el presidente, y supervisaría la reestructuración de parte de la deuda, exigiendo al gobierno puertorriqueño presentar presupuestos y crear un plan de responsabilidad fiscal y acceso futuro a mercados financieros.
También defendería los derechos legales de los acreedores y controlaría el déficit en las pensiones, que es de más de 40.000 millones de dólares.
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes podría votar el proyecto de ley a partir de la semana que viene. Si es aprobada, iría al pleno de la Cámara y después al Senado.
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo que si la ley se aprueba sin cambios, protegerá la Isla de cualquier demanda tras el esperado incumplimiento del 1 de julio. Pero señaló que piensa combatir algunas de sus cláusulas, como la que establecería una junta de control fiscal, cuyos miembros, señaló, no serían elegidos por el público.
"La junta tiene poderes excesivos", señaló. García propuso una junta con un papel supervisor, que permitiría al gobierno puertorriqueño tener la última palabra sobre sus finanzas.
Eduardo Bhatia, presidente del Senado de Puerto Rico, pidió a los puertorriqueños que se alzaran y rechazaran el plan, que describió como desproporcionado y antidemocrático.
