Con el argumento de que la nueva Ley de Inmigración de Arizona usurpa la autoridad federal sobre políticas de inmigración y su implementación, los abogados del gobierno de Estados Unidos dan inicio a una batalla legal antes de que la legislación entre en vigencia el jueves 29 de julio.
La jueza de distrito, Susan Bolton, escuchará durante una audiencia donde el gobierno federal procura bloquear la nueva ley.
"Un fallo en cualquier dirección probablemente será una señal muy fuerte sobre cómo esta jueza contempla la validez de la ley de Arizona y la solidez de los argumentos del Gobierno", afirmó Carissa Hessick, una profesora de derecho de la Universidad del estado de Arizona.
De acuerdo con la académica, lo que la decisión de la jueza establecerá es "si el Gobierno tiene la autoridad plena sobre la política de inmigración y su cumplimiento. Potencialmente es un día muy importante", afirmó.
La Ley fue aprobada por la Legislatura de Arizona, controlada por el Partido Republicano, con el objetivo de contener el flujo de inmigrantes ilegales y para reducir el tráfico de drogas y el crimen. La ley establece que la policía local y estatal, está autorizada a investigar el estatus inmigratorio de cualquier persona que despierte sospechas razonables de ser un inmigrante ilegal.
Por su parte, el gobierno federal estadounidense, encabezado por el presidente demócrata, Barack Obama, ha cuestionado la legislación en forma reiterada.
El Departamento de Justicia presentó en el mes de julio una demanda sosteniendo que la Ley socava la política exterior estadounidense y viola la Constitución del país.
En cambio, los abogados de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sostienen que la autoridad federal no es cuestionada por la Ley, sino que sed busca "asistir en la puesta en práctica de las leyes federales de inmigración ya existentes de una manera constitucional".
En un comunicado, Brewer dijo que confía en que la corte "rechazará el intento del presidente Barack Obama de evitar que nuestro estado proteja a sus ciudadanos debido a su fracaso en hacer cumplir las leyes federales de inmigración".
La demanda del Departamento de Justicia es una de las siete que se oponen a la ley. Los cuestionamientos podrían aplazar por años cualquier determinación final sobre la ley.
