Más de 300.000 centroamericanos y haitianos que viven en los Estados Unidos bajo una forma de permiso temporal llamado TPS (Estatus de Protección Temporal) ya no necesitan ser protegidos de la deportación, dijo el Departamento de Estado a las autoridades de Seguridad Nacional esta semana, unos días antes del esperado anuncio del DHS sobre si renueva esa protección, informa el Washington Post.
El diario asegura que el martes, el Secretario de Estado Rex Tillerson envió una carta a la secretaria en funciones del DHS, Elaine Duke, para informarle que las condiciones en Centroamérica y Haití que se habían utilizado para justificar la protección ya no requieren un aplazamiento para los migrantes, algunos de los cuales han sido autorizados vivir y trabajar en los Estados Unidos durante 20 años bajo el programa conocido como Estatus de Protección Temporal.
La evaluación de Tillerson, exigida por ley, no se ha hecho pública, pero sus recomendaciones fueron confirmadas por varios funcionarios del gobierno familiarizados con su contenido, dice el diario. Los funcionarios hablaron bajo la condición del anonimato para discutir las deliberaciones internas.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene hasta el lunes para anunciar sus planes para aproximadamente 57,000 hondureños y 2,500 nicaragüenses cuyas protecciones TPS expirarán a principios de enero.
Aunque la mayoría llegaron ilegalmente a EE.UU., quedaron exentos de la deportación después de que el huracán Mitch devastó Centroamérica en 1998. Sus protecciones TPS se han renovado rutinariamente desde entonces, en algunos casos después de desastres naturales adicionales y la inseguridad resultante.
El Congreso creó el TPS en 1990 para proteger a los ciudadanos extranjeros de ser devueltos a sus países en medio de inestabilidad y condiciones precarias causadas por desastres naturales o conflictos armados.
Los funcionarios de la administración Trump han señalado en repetidas ocasiones que el programa debía ser temporal y no un medio para que las personas se conviertan en residentes a largo plazo de los Estados Unidos. Agregaron que los desastres de hace mucho tiempo no deberían usarse para extender el estatus migratorio provisional cuando ya no existe la justificación inicial para ello.
El Washington Post apunta que la evaluación de Tillerson es consistente con los más amplios esfuerzos de la administración para reducir la inmigración a los Estados Unidos y cumplir con las restricciones legales que mantiene no han sido hechas cumplir estrictamente en el pasado.
"Es justo decir que esta administración está interpretando la ley, exactamente como es, que la anterior no lo hizo", dijo un funcionario de la administración.
El funcionario reconoció que los países en cuestión siguen padeciendo problemas de pobreza, corrupción y violencia que, en muchos casos, han estimulado la migración ilegal. Pero, dijo el funcionario, esas condiciones deberían abordarse de otras maneras.
"La solución va a requerir trabajar con el Congreso y estos países", señaló. "Estamos igualmente comprometidos a encontrar eso. No hay falta de empatía aquí ". Pero "con esta ley en particular", dijo "es muy claro para esta administración lo que debe hacerse".
Fuentes de la administración también han dicho que el regreso de decenas de miles de migrantes podría beneficiar a las naciones centroamericanas y Haití, porque sus ciudadanos regresarán con habilidades laborales, valores democráticos y ahorros personales adquiridos a largo plazo en los Estados Unidos.
Muchos de los inmigrantes tienen hogares, negocios y niños nacidos en los EE. UU., Pero si las protecciones expiran, podrían estar sujetos a arresto y deportación. "Entendemos que esta es una decisión muy difícil", dijo el funcionario de la administración.
Los funcionarios del DHS declinaron decir el viernes lo que la agencia planeaba hacer o cuándo se haría un anuncio. "El secretario interino no tomó ninguna decisión sobre TPS", dijo Tyler Houlton, vocero de la agencia.
La carta de Tillerson no equivale a una recomendación. Pero se requiere que el DHS solicite el aporte de la agencia, y los funcionarios dijeron que la posición del Departamento de Estado tiene un peso significativo.
Salvadoreños el mayor grupo
El grupo más grande de receptores de TPS -unos 200.000- son de El Salvador, y el DHS tiene hasta principios de enero para anunciar sus planes para ellos. Al menos 30.000 de ellos viven en el área de Washington, según grupos de defensa de inmigrantes.
Cuando la administración de Obama extendió por última vez el TPS para los salvadoreños, en julio de 2016, dijo que eran elegibles porque las condiciones que lo justificaban seguían cumpliéndose.
"Sigue habiendo una interrupción sustancial, pero temporal, de las condiciones de vida en El Salvador como resultado de una serie de terremotos en 2001", dijeron funcionarios de Seguridad Nacional en ese momento, "y El Salvador sigue siendo incapaz, temporalmente, de manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales ".
El DHS también debe decidir qué hacer con unos 50.000 beneficiarios de TPS haitianos para el Día de Acción de Gracias. Los haitianos, que se concentran en el sur de Florida, recibieron TPS después de un terremoto de 2010 que mató a 200.000.
Los defensores dicen que la eliminación de TPS sería un golpe cruel para los inmigrantes de larga data que respetan la ley, obligándolos a decidir entre permanecer en el país ilegalmente o abandonar sus hogares y familias. Según un estudio reciente del Centro para el Progreso Americano, de tendencia liberal, los beneficiarios de TPS tienen casi 275.000 niños nacidos en los Estados Unidos.
Si los destinatarios pierden sus protecciones pero desafían las órdenes de irse, no sería difícil para los agentes de inmigración encontrarlos. La naturaleza provisional de su estado les exige mantener registros actuales con DHS; la agencia tiene sus direcciones, números de teléfono y otra información personal.
"Terminar el TPS en este momento sería inhumano e insostenible", escribió un grupo de líderes católicos de caridad a Duke en una carta reciente, argumentando que "agregaría innecesariamente un gran número de hondureños y salvadoreños a la población indocumentada en los EE. UU. separación de la familia, e innecesariamente causa que el Departamento de Seguridad Nacional gaste recursos en individuos que ya están registrados con nuestro gobierno y cuyo retorno seguro es evitado por circunstancias humanitarias calamitosas ".
Si el DHS finaliza las protecciones TPS, se espera que otorgue a los beneficiarios un período de gracia de al menos seis meses o más para darles tiempo de prepararse para la partida.
Los haitianos
En mayo, el entonces secretario del DHS John F. Kelly extendió el TPS para los haitianos durante seis meses, mucho menos que las exenciones de 18 meses otorgadas por la administración Obama.
Kelly, en una declaración en ese momento, calificó la ventana de seis meses como una extensión "limitada" cuyo propósito era "permitir a los beneficiarios de TPS haitianos que viven en los Estados Unidos obtener documentos de viaje y hacer los arreglos necesarios para su última partida de Estados Unidos".
Haití es el país más pobre del Hemisferio Occidental y permanece bajo los efectos de una epidemia de cólera provocada por las tropas de las Naciones Unidas que fueron enviadas después del terremoto.
Los defensores de la reducción de la inmigración dicen que la decisión de Haití será una prueba clave de la voluntad de la administración de seguir adelante con su retórica de hacer cumplir la ley.
Los expertos en inmigración creen que muchos de los haitianos podrían intentar buscar refugio en Canadá, particularmente en Quebec, donde se habla francés, para evitar el arresto y la deportación.
