El ciudadano canadiense de origen iraní, Bahram Karimi, fue acusado este viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por fraude bancario y mentir a los agentes federales “en relación con un plan para enviar más de $ 115 millones a personas y entidades de Irán”.
Un juzgado de Nueva York dijo el viernes que las acusaciones contra Karimi, de 53 años de edad, están basadas “en su participación en un proyecto conjunto iniciado por los gobiernos de Irán y Venezuela, en el que más de $ 115 millones se canalizaron ilegalmente a través del sistema financiero de EE.UU. en beneficio de varias personas y entidades iraníes”.
En un comunicado, Justicia citó al fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, quien dijo que “Karimi se prestó deliberadamente para eludir las sanciones contra Irán, y luego mintió al respecto a los agentes del FBI”.
Las imputaciones contra Karimi están enfocadas que presuntamente permitió la transferencia oculta a través de los bancos estadounidenses de más de $ 100 millones de una empresa estatal venezolana a una empresa de construcción iraní, y “cuando se le preguntó, dijo a los agentes que no sabía que estaba prohibido por las sanciones", alegan las autoridades judiciales.
En tanto el director asistente del FBI, William F. Sweeney Jr., señaló que estos cargos reflejan el uso del sistema financiero de EE.UU. para generar dólares en favor de entidades iraníe. “Es por eso que nuestro gobierno mantiene fuertes sanciones contra Irán y las entidades iraníes que buscan usar el sistema bancario de Estados Unidos para su propio beneficio".
Antecedentes
Según reza en el parte judicial emitido el viernes, en agosto de 2004 los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un Marco de Cooperación, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. Al año siguiente, indica la fuente, ambos estados complementaron tal acuerdo al firmar “un Memorando de Entendimiento que consistía en la construcción de miles de unidades de vivienda en Venezuela”.
El Proyecto fue liderado por Stratus Group (SG), un conglomerado iraní con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo.
"Ciudadano iraní acusado de fraude bancario y mentir a agentes federales en relación con un plan para utilizar el sistema financiero de EE. UU. Para enviar más de $ 115 millones a personas y entidades iraníes", anunció el Departamento de Estados Unidos.
En diciembre de 2006, SG incorporó una empresa, que en ese momento se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán ("IIHC"), con sede en Teherán.
IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente esta entidad celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana (la "Compañía VE"), que “solicitó a IIHC construir aproximadamente 7,000 unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000 mdl”.
Karimi, asegura el Departamento de Justicia, fue miembro del comité y fue responsable de administrar el Proyecto en Venezuela.
Participación del acusado
“En relación con su papel en el Proyecto, KARIMI trabajó con otros para defraudar a los bancos estadounidenses al ocultar el papel de las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses”, enviados a través del sistema bancario de EE.UU.
Las operaciones habrían ocurrido entre abril de 2011 y noviembre de 2013, cuando la compañía VE realizó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de dos compañías principales, que fueron creadas para ocultar el nexo iraní con los pagos, una violación de las sanciones económicas de EE.UU. Las 15 entregas, asegura Justicia, totalizaron aproximadamente $ 115 millones.
El despacho judicial indica que en enero de 2020, Karimi fue entrevistado por, entre otras personas, dos agentes del FBI y durante esa entrevista, “declaró falsamente que, durante el transcurso del Proyecto, creía que las sanciones internacionales contra Irán no se aplicaban a las empresas o personas iraníes”.
Por el delito de “conspirar para cometer fraude bancario”, podría cargar con una pena máxima de 30 años de prisión; por el de “fraude bancario”, una sanción máxima de 30 años de prisión; y por el de “hacer declaraciones falsas”, lo que conlleva un castigo de cinco años en cárcel.
