Un rotundo cambio de posición presentó el alguacil de Los Ángeles, Lee Baca, al anunciar el miércoles que no entregará a las autoridades de inmigración a los indocumentados que cometan algún delito menor como una infracción de tráfico.
De esta manera da marcha atrás a la ejecución del controversial programa Comunidades Seguras, el cual había defendido al pie de la letra bajo el sustento de que era mandatorio por ley federal.
Un portavoz del alguacil señaló que el cambio fue ordenado a través de una directiva legal enviada por la fiscal general de California, Kamala Harris en el que indica que cumplir con el mandato federal queda a discreción del alguacil y de los departamentos de policía.
Este cambio de directiva no entrará en marcha de forma inmediata porque Baca ha expresado que necesita reunirse con su equipo de trabajo para explicar los detalles de la nueva política, la cual podría aplicar solo a aquellos arrestados por delitos menores.
La disposición se mantendría inalterable en el caso de aquellos inmigrantes detenidos y acusados de cometer crímenes graves.
Bajo el programa Comunidades Seguras las huellas digitales de todos los detenidos son enviadas a las autoridades de inmigración para verificar el estatus legal, de identificar a algún indocumentado, pueden solicitar a los departamentos de policía mantener detenido al inmigrante por más de 48 horas hasta que puedan trasladarlo a un centro de detención federal.
Este programa ha sido duramente criticado por facilitar la deportación de miles de inmigrantes inocentes y obstaculizar el trabajo de la policía porque los inmigrantes tienen miedo de colaborar con las autoridades en la investigación de crímenes en sus comunidades.
De esta manera da marcha atrás a la ejecución del controversial programa Comunidades Seguras, el cual había defendido al pie de la letra bajo el sustento de que era mandatorio por ley federal.
Un portavoz del alguacil señaló que el cambio fue ordenado a través de una directiva legal enviada por la fiscal general de California, Kamala Harris en el que indica que cumplir con el mandato federal queda a discreción del alguacil y de los departamentos de policía.
Este cambio de directiva no entrará en marcha de forma inmediata porque Baca ha expresado que necesita reunirse con su equipo de trabajo para explicar los detalles de la nueva política, la cual podría aplicar solo a aquellos arrestados por delitos menores.
La disposición se mantendría inalterable en el caso de aquellos inmigrantes detenidos y acusados de cometer crímenes graves.
Bajo el programa Comunidades Seguras las huellas digitales de todos los detenidos son enviadas a las autoridades de inmigración para verificar el estatus legal, de identificar a algún indocumentado, pueden solicitar a los departamentos de policía mantener detenido al inmigrante por más de 48 horas hasta que puedan trasladarlo a un centro de detención federal.
Este programa ha sido duramente criticado por facilitar la deportación de miles de inmigrantes inocentes y obstaculizar el trabajo de la policía porque los inmigrantes tienen miedo de colaborar con las autoridades en la investigación de crímenes en sus comunidades.
