Funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama y la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado defendieron lo actuado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que colectó datos telefónicos, pero no conversaciones, de millones de clientes estadounidenses de una de las principales compañías telefónicas del país, bajo una orden judicial secreta emitida en abril.
La senadora Dianne Feinstein, presidenta de la Comisión, dijo este jueves que la orden emitida en abril, parece "ser de las que se renuevan cada tres meses" y que son parte de un programa en vigencia durante los pasados siete años y por lo cual es "legal".
La orden, sobre la cual se informó en principio en el diario británico The Guardian, aparentemente requiere a una subsidiaria de Verizon entregar diariamente todos los registros de llamadas dentro de Estados Unidos y entre Estados Unidos y otros países.
El New York Times y el Washington Post también informan al respecto indicando que la orden no requiere que Verizon provea información sobre el contenido de las llamadas.
"La orden no pide al gobierno escuchar las llamadas", sino que tiene que ver con la "metadata" de las llamadas, es decir, los números de teléfono involucrados, el origen y destino de la llamada, o su duración, información que "ha sido vital para proteger al país de las amenazas terroristas", dijo un funcionario de la Casa Blanca al Washington Post.
La senadora Feinstein lo dijo de la misma manera. “Es solo metadata... no hay contenido. En otras palabras, no hay contenido de comunicaciones".
Verizon declinó hacer comentarios.
La orden fue emitida en conconcordancia con la sección 215 de la controversial ley de vigilancia doméstica, la Ley Patriota, que hace más fácil para las agencias de inteligencia adquirir datos empresariales.
La Ley Patriota fue aprobada poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos para mejorar los poderes de las agencias policiales a fin de vigilar a presuntos terroristas.
La senadora Dianne Feinstein, presidenta de la Comisión, dijo este jueves que la orden emitida en abril, parece "ser de las que se renuevan cada tres meses" y que son parte de un programa en vigencia durante los pasados siete años y por lo cual es "legal".
La orden, sobre la cual se informó en principio en el diario británico The Guardian, aparentemente requiere a una subsidiaria de Verizon entregar diariamente todos los registros de llamadas dentro de Estados Unidos y entre Estados Unidos y otros países.
El New York Times y el Washington Post también informan al respecto indicando que la orden no requiere que Verizon provea información sobre el contenido de las llamadas.
"La orden no pide al gobierno escuchar las llamadas", sino que tiene que ver con la "metadata" de las llamadas, es decir, los números de teléfono involucrados, el origen y destino de la llamada, o su duración, información que "ha sido vital para proteger al país de las amenazas terroristas", dijo un funcionario de la Casa Blanca al Washington Post.
La senadora Feinstein lo dijo de la misma manera. “Es solo metadata... no hay contenido. En otras palabras, no hay contenido de comunicaciones".
Verizon declinó hacer comentarios.
La orden fue emitida en conconcordancia con la sección 215 de la controversial ley de vigilancia doméstica, la Ley Patriota, que hace más fácil para las agencias de inteligencia adquirir datos empresariales.
La Ley Patriota fue aprobada poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos para mejorar los poderes de las agencias policiales a fin de vigilar a presuntos terroristas.
