El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso el sábado restricciones de visas a un centenar de funcionarios municipales de Nicaragua, a quienes acusa de “reprimir a organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como la Universidad Centroamericana (UCA) y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al obispo Rolando Álvarez".
El secretario de Estado Antony Blinken dijo que estos funcionarios y sus habilitadores “permitieron o facilitaron campañas violentas, detenciones injustas y restricciones a los derechos humanos y a libertades fundamentales” en Nicaragua, que vive una de sus peores crisis políticas en los últimos 30 años.
El Departamento de Estado no identificó a las personas a las que anuló la visa.
![Las universidades nicaragüenses se convirtieron en 2018 en sitios de insurrección contra Daniel Ortega. [Foto archivo VOA]](https://gdb.voanews.com/c2a30000-0aff-0242-b954-08d9e701c04a_w100_r1.jpg)
El secretario Blinken aseguró que seguiría trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas “de quienes amenazan la democracia en Nicaragua”.
El gobierno del presidente Daniel Ortega no ha reaccionado de inmediato a las medidas de Estados Unidos.
Las autoridades nicaragüenses han clausurado más de tres mil organizaciones de la sociedad civil desde el año 2018 a la fecha, argumentando supuestos incumplimientos en sus estados financieros.
La última organización que ha sido cerrada en Nicaragua es la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), y en su lugar el gobierno de Ortega anunció la conformación de una universidad estatal, inaugurada el viernes de forma exprés.
