Las sanciones impuestas a la Policía Nacional de Nicaragua por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a su papel en el “grave abuso de los derechos humanos” en el país, provocaron sus primeros efectos, al dejar a la institución del orden público fuera del sistema financiero nacional.
Expertos en temas económicos como Luis Núñez explicaron a Voz de América, que con estas medidas el organismo policial recibió un fuerte golpe a su funcionamiento financiero.
Núñez señaló que, “la policía ya no va a tener capacidad para transferir dinero, de banco a banco, ese es uno de los principales problemas. Si los bancos les cierran las puertas a la policía, entonces (…) ya no podría utilizar el sistema financiero para hacer los pagos, y tendría que hacerlo en efectivo, y las operaciones de dinero en efectivo a estas altura del siglo 20 ya no son viables, y eso es lo que pone en serios problemas a la policía”.
Para el experto el cierre de las cuentas bancarias de la institución policial supone serios problemas para su funcionamiento “el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo, si acaso no logran conseguir alguna institución financiera o de gobierno que maneje este dinero, esto va a suponer un mayor gasto, las funciones que, hacía el banco van a tener que hacerlas ellos”, explicó.
A tan solo seis días de emitirse las sanciones, varias sucursales del Banco de la Producción (BANPRO), que estaban ubicadas en las delegaciones distritales de la policía en la capital y que facilitaban el pago de servicios policiales cerraron sus puertas. VOA conversó con un agente de transito que explicó que los pagos se pueden seguir haciendo, pero solamente en las sucursales de la entidad bancaria.
“En BANPRO siempre se ha pagado, porque tenían más actualizado eso de las multas, pero ahora ya no. Mejor dicho, es reciente, desde hace unos cinco días”, dijo el agente.
En tanto, el economista y analista político Enrique Sáenz advirtió que las instituciones financieras son los primeros en reaccionar con temor a que sus relaciones se vean afectadas con EE.UU. y sus corresponsales en el exterior, por lo que el gobierno estaría buscando medidas legales para enfrentar las sanciones.
“Una de ellas, que seguramente la vamos a ver en los próximos días será transferir todo lo que concierne a la ejecución del presupuesto al Ministerio de Gobernación, y de esa manera evadir parte, solo una parte del impacto de las sanciones”, señaló.
Sáenz, también explicó que, la policía está relacionada con múltiples empresas privadas, nacionales e internacionales, que proporcionan equipos, materiales, suministros y servicios de carácter civil. Desde vehículos y repuestos, hasta papelería y artículos ferreteros. Además, como institución es propietaria de empresas y dispone de una institución de seguridad social que administra los fondos de pensiones de los oficiales. Todas estas actividades implican transacciones financieras que circulan por los bancos.
Los lazos de dependencia económica con Estados Unidos, obligará al gobierno a medir y meditar bien sus próximos pasos. “Estamos a las puertas de un nuevo escenario” enfatizó.
El principal socio comercial de Nicaragua es Estados Unidos. Es el mayor proveedor de los productos de consumo, así como de insumos, equipos y repuestos a industrias y producción agropecuaria. Recientemente se convirtió en el principal abastecedor de petróleo y combustibles. Por otro lado, es el principal destino de las exportaciones de mercancías del país, las cuales ingresan libres de gravamen, al amparo del tratado de libre comercio (CAFTA), lo cual permite a Nicaragua competir favorablemente con las exportaciones de otros países. Más del 40% de las exportaciones se destinan a Estados Unidos.
El gobierno de Nicaragua no ha emitido ningún comunicado oficial y no ha dado a conocer ninguna medida para enfrentar las sanciones que entraran en vigor en mayo.
