El director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), general Keith Alexander, dijo este miércoles en una audiencia en el Senado en Washington que los programas de vigilancia telefónica y por Internet filtrados a la prensa permitieron desmantelar docenas de ataques terroristas.
Alexander hizo un vigorosa defensa de los programas hasta hace poco secretos ante el Comité de Asignaciones del Senado, y dijo que quería que los estadounidenses supiesen que “la agencia trata de ser transparente, de proteger las libertades civiles y la privacidad pero también la seguridad del país”.
El general indicó que proporcionará información adicional sobre cómo se ejecutaron esos programas mañana jueves al Comité de Inteligencia senatorial, pero destacó que la revelación pública de su existencia ha dañado la labor de la NSA y como resultado EE.UU. y sus aliados no estarán en lo adelante tan seguros como lo estuvieron hasta hace dos semanas.
Legisladores han expresado estar preocupados por estos programas e incluso han sugerido que el gobierno ponga fin a este tipo de práctica que en nombre de la seguridad estaría violando el derecho a la privacidad.
La revelación la semana pasada de que la agencia había recopilado registros telefónicos y el uso de internet de millones de clientes de la compañía telefónica Verizon provocó reacciones diversas en todo el mundo.
Algunos legisladores reconocen que no estaban conscientes del alcance de los programas y están planeando examinar lo sucedido y evaluarán posibles recomendaciones para el futuro.
"Pienso que el Congreso realmente se quedó un poco dormido al volante", dijo el representante demócrata Steve Cohen.
La Unión Europea pedirá explicaciones al secretario de Justicia, Eric Holder sobre los programas y exigirá que se respeten los derechos de privacidad de los europeos, así como se protegen las libertades y derechos de los estadounidenses.
En este mismo contexto dos organizaciones que defienden los derechos civiles presentaron una demanda judicial contra el gobierno estadounidense por considerar estas prácticas inconstitucionales.
La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU) y la Unión Neoyorquina de Libertades Civiles presentaron la demanda donde alegan que el registro realizado por el gobierno viola la Primera Enmienda constitucional, que garantiza las libertades de palabra y de asociación, así como la Cuarta, que protege el derecho a la intimidad.
"La práctica es similar a espiar en cada agenda de los estadounidenses, con anotaciones que detallan con quién hablamos, cuándo, cuánto tiempo y desde dónde", alega la demanda. "Le da al gobierno un registro integral de nuestras asociaciones familiares, políticas, profesionales, religiosas e íntimas", afirman.
Alexander hizo un vigorosa defensa de los programas hasta hace poco secretos ante el Comité de Asignaciones del Senado, y dijo que quería que los estadounidenses supiesen que “la agencia trata de ser transparente, de proteger las libertades civiles y la privacidad pero también la seguridad del país”.
El general indicó que proporcionará información adicional sobre cómo se ejecutaron esos programas mañana jueves al Comité de Inteligencia senatorial, pero destacó que la revelación pública de su existencia ha dañado la labor de la NSA y como resultado EE.UU. y sus aliados no estarán en lo adelante tan seguros como lo estuvieron hasta hace dos semanas.
Legisladores han expresado estar preocupados por estos programas e incluso han sugerido que el gobierno ponga fin a este tipo de práctica que en nombre de la seguridad estaría violando el derecho a la privacidad.
La revelación la semana pasada de que la agencia había recopilado registros telefónicos y el uso de internet de millones de clientes de la compañía telefónica Verizon provocó reacciones diversas en todo el mundo.
Algunos legisladores reconocen que no estaban conscientes del alcance de los programas y están planeando examinar lo sucedido y evaluarán posibles recomendaciones para el futuro.
"Pienso que el Congreso realmente se quedó un poco dormido al volante", dijo el representante demócrata Steve Cohen.
La Unión Europea pedirá explicaciones al secretario de Justicia, Eric Holder sobre los programas y exigirá que se respeten los derechos de privacidad de los europeos, así como se protegen las libertades y derechos de los estadounidenses.
En este mismo contexto dos organizaciones que defienden los derechos civiles presentaron una demanda judicial contra el gobierno estadounidense por considerar estas prácticas inconstitucionales.
La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU) y la Unión Neoyorquina de Libertades Civiles presentaron la demanda donde alegan que el registro realizado por el gobierno viola la Primera Enmienda constitucional, que garantiza las libertades de palabra y de asociación, así como la Cuarta, que protege el derecho a la intimidad.
"La práctica es similar a espiar en cada agenda de los estadounidenses, con anotaciones que detallan con quién hablamos, cuándo, cuánto tiempo y desde dónde", alega la demanda. "Le da al gobierno un registro integral de nuestras asociaciones familiares, políticas, profesionales, religiosas e íntimas", afirman.
