En la víspera de una gran marcha convocada por la oposición venezolana el miércoles 19 de abril, y en vista de las tensiones en la nación latinoamericana, Estados Unidos exhortó al Gobierno de Venezuela a "cumplir los compromisos que hizo como parte del proceso de diálogo mediado por el Vaticano el otoño pasado".
En un comunicado, el Departamento de Estado pide al gobierno del presidente Nicolás Maduro "llamar a elecciones rápidamente, respetar la Constitución y la Asamblea Nacional, facilitar la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos y responder las necesidades humanitarias del pueblo venezolano".
Venezuela ha sido testigo en semanas recientes de continuas protestas sociales desde que la Corte Suprema demostró su falta de independencia de la Rama Ejecutiva por medio de una serie de decisiones judiciales contra miembros de la Asamblea Nacional electa libremente, indica la nota.
El mensaje destaca que hasta el momento seis manifestantes han muerto y cientos han sido arrestados, "hay historias creíbles del uso de tortura por parte del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas).
Estados Unidos se hace eco "del llamado hecho el 17 de abril por 11 gobiernos latinoamericanos al gobierno venezolano para que inmediatamente siga esos pasos y permita una pronta solución a la grave crisis que afecta a todos los venezolanos y cada vez más a la región", agrega la nota.
A los manifestantes, el gobierno estadounidense los exhorta nuevamente a expresarse en forma no violenta, y deplora "el uso de la violencia contra manifestantes inermes. En particular, deploramos el uso de colectivos -las bandas armadas bajo el control político de los líderes del partido PSUV- para reprimir a manifestantes mientras las fuerzas de seguridad responsables de mantener el orden público no hacen nada".
Estados Unidos recuerda a las fuerzas públicas de Venezuela, miembros de la Policía, el Ejército y la Guardia Nacional, así como a los integrantes del poder judicial, "sus responsabilidades legales de proteger, y no prevenir las protestas pacíficas".
"Los responsables de la represión criminal de la actividad democrática pacífica por el menoscabo de las instituciones y prácticas democráticas y por las flagrantes violaciones de derechos humanos, serán hechos responsables individualmente por sus acciones por parte del pueblo venezolano y sus instituciones, así como por la comunidad internacional", advierte el comunicado del Departamento de Estado al gobierno venezolano.
