Miles de jóvenes hijos de inmigrantes siguen viendo sus sueños frustrados en Estados Unidos después de que el Congreso fracasó el año pasado en aprobar el proyecto de legislación conocido en inglés como Dream Act., que les hubiese abierto las puertas para legalizar su estatus en el país.
En Florida, donde se concentra una numerosa población hispana, son muchos los jóvenes en tal situación, y esta semana el diario The Miami Herald comentó el caso de uno de ellos, graduado de abogado, que no puede ejercer la profesión porque sus padres violaron las leyes migratorias.
“Una vez más, una institución en Florida se aparta de su senda para castigar a un meritorio inmigrante por el desliz de sus padres de haberse quedado (en el país) con una visa de turistas para darle a su hijo la oportunidad de ser estadounidense”, dijo en un comentario el periódico.
José Manuel Godinez-Sampeiro, de 25 años, es uno de los tantos que habría sido beneficiado por la legislación, presentada hace más de 10 años en el Congreso con la finalidad de conceder residencia permanente a quienes hubiesen entrado ilegalmente al país antes de los 16 años de edad.
El proyecto de ley estipulaba que tales jóvenes tendrían derecho a residencia legal en EE.UU. si al menos obtenían un título universitario o servían en las fuerzas armadas durante dos años. Pero en diciembre del 2010, a falta de consenso bipartidista, el Congreso no logró aprobar la legislación.
Tras llegar de México a los 9 años de edad, Godinez-Sampeiro vivió en Tampa y acumuló numerosos méritos como estudiante, hasta que se graduó como primero de su curso en la Universidad del Estado de la Florida, y luego pasó con éxito las pruebas para ingresar en la asociación de abogados. Pero la junta examinadora rehusó darle entrada debido a su condición de inmigrante ilegal.
Tres ex presidentes de la Asociación de Abogados Estadounidenses suscribieron una carta de apoyo a las aspiraciones del joven y la enviaron a la Corte Suprema de la Florida, bajo el argumento de que era apropiado permitirle que ejerciera la profesión en virtud de que había demostrado ser una persona buena y competente.
Habida cuenta de que nada se ha conseguido, el diario calificó de “vergonzoso” que con excepción de sólo una congresista, la representante demócrata Kathy Castor, todos los demás legisladores del Estado se desentendieron del asunto.
La congresista Castor también envió una carta a la Corte Suprema estatal en la subraya su defensa del Dream Act y que sostiene que hay que alentar a las nuevas generaciones del país en lugar de “colocarles obstáculos en su camino al éxito”.
En Florida, donde se concentra una numerosa población hispana, son muchos los jóvenes en tal situación, y esta semana el diario The Miami Herald comentó el caso de uno de ellos, graduado de abogado, que no puede ejercer la profesión porque sus padres violaron las leyes migratorias.
“Una vez más, una institución en Florida se aparta de su senda para castigar a un meritorio inmigrante por el desliz de sus padres de haberse quedado (en el país) con una visa de turistas para darle a su hijo la oportunidad de ser estadounidense”, dijo en un comentario el periódico.
José Manuel Godinez-Sampeiro, de 25 años, es uno de los tantos que habría sido beneficiado por la legislación, presentada hace más de 10 años en el Congreso con la finalidad de conceder residencia permanente a quienes hubiesen entrado ilegalmente al país antes de los 16 años de edad.
El proyecto de ley estipulaba que tales jóvenes tendrían derecho a residencia legal en EE.UU. si al menos obtenían un título universitario o servían en las fuerzas armadas durante dos años. Pero en diciembre del 2010, a falta de consenso bipartidista, el Congreso no logró aprobar la legislación.
Tras llegar de México a los 9 años de edad, Godinez-Sampeiro vivió en Tampa y acumuló numerosos méritos como estudiante, hasta que se graduó como primero de su curso en la Universidad del Estado de la Florida, y luego pasó con éxito las pruebas para ingresar en la asociación de abogados. Pero la junta examinadora rehusó darle entrada debido a su condición de inmigrante ilegal.
Tres ex presidentes de la Asociación de Abogados Estadounidenses suscribieron una carta de apoyo a las aspiraciones del joven y la enviaron a la Corte Suprema de la Florida, bajo el argumento de que era apropiado permitirle que ejerciera la profesión en virtud de que había demostrado ser una persona buena y competente.
Habida cuenta de que nada se ha conseguido, el diario calificó de “vergonzoso” que con excepción de sólo una congresista, la representante demócrata Kathy Castor, todos los demás legisladores del Estado se desentendieron del asunto.
La congresista Castor también envió una carta a la Corte Suprema estatal en la subraya su defensa del Dream Act y que sostiene que hay que alentar a las nuevas generaciones del país en lugar de “colocarles obstáculos en su camino al éxito”.
