El Pentágono designó a un abogado del Congreso para supervisar el cierre de la prisión en la base de Guantánamo, en Cuba, y el traslado de los presos hacia terceros países.
Paul Lewis ejerce actualmente como jurista en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y ha lidiado anteriormente con asuntos sobre la base militar, utilizada como cárcel antiterrorista.
En mayo pasado, el presidente Barack Obama reafirmó su intención de clausurar el centro de detención en Guantánamo tal y como prometió durante la campaña electoral previa a su primer mandato, en 2008, un propósito visto con recelo por algunos legisladores.
Lewis tendrá la responsabilidad de trabajar en el cierre de la prisión codo a codo con otro abogado, Clifford Sloan, nombrado en junio último enviado especial del Departamento de Estado para Guantánamo.
De acuerdo con el Pentágono, en el centro de detención quedan recluidas 164 personas, de los que 84, en su mayoría yemeníes, se estima que podrían ser trasladados a sus países de origen.
El resto están considerados demasiado peligrosos para ser puestos en libertad pero el gobierno de EE.UU. no tiene suficientes pruebas para juzgarlos.
Paul Lewis ejerce actualmente como jurista en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y ha lidiado anteriormente con asuntos sobre la base militar, utilizada como cárcel antiterrorista.
En mayo pasado, el presidente Barack Obama reafirmó su intención de clausurar el centro de detención en Guantánamo tal y como prometió durante la campaña electoral previa a su primer mandato, en 2008, un propósito visto con recelo por algunos legisladores.
Lewis tendrá la responsabilidad de trabajar en el cierre de la prisión codo a codo con otro abogado, Clifford Sloan, nombrado en junio último enviado especial del Departamento de Estado para Guantánamo.
De acuerdo con el Pentágono, en el centro de detención quedan recluidas 164 personas, de los que 84, en su mayoría yemeníes, se estima que podrían ser trasladados a sus países de origen.
El resto están considerados demasiado peligrosos para ser puestos en libertad pero el gobierno de EE.UU. no tiene suficientes pruebas para juzgarlos.
