La batalla legal y política sobre cómo lidiar con el tema de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos será discutida el miércoles por la Corte Suprema en Washington.
Los magistrados del máximo tribunal deben considerar si una ley del estado de Arizona que penaliza la inmigración de indocumentados se contrapone a la autoridad de que goza el gobierno federal para dictar leyes en la materia.
La legislación estatal SB 1070 estipula que la policía revise el estatus de inmigración de los detenidos y de aquellas personas que sospeche que están ilegalmente en el país. La ley también define como un delito que los inmigrantes indocumentados trabajen en Arizona.
El gobierno federal ha bloqueado varias cláusulas de la ley en varias cortes de distrito, bajo el argumento de que la responsabilidad de cuidar las fronteras del país compete sólo a las autoridades federales y al Congreso, no a los estados.
De hecho, un grupo de estados ha aprobado leyes similares a la de Arizona, y también estarán atentos al fallo de la Corte Suprema.
Los que se oponen
Los críticos de la ley de Arizona alegan que ésta además ha tenido un efecto polarizador en el estado.
“Soy de la cuarta generación de mexicano-americanos en Arizona y nunca he visto tal división en nuestro estado”, dijo Petra Falcon, miembro de un grupo de activistas conocidos como Promesa Arizona quien sostiene que le legislación ha provocado también ira y temores.
Entre los que se oponen a la SB 1070 están organizaciones hispanoamericanas como el Consejo Nacional de la Raza, cuya directora de inmigración y campañas nacionales, Clarissa Martínez, dijo que para muchos inmigrantes EE.UU. es “un ideal y parte de una inspiración”.
Se estima que en todo el país residen en total unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Los que la apoyan
Quienes simpatizan con la ley de Arizona dicen que las autopridades estatales se vieron forzadas a actuar porque el gobierno federal falló en dar seguridad a la frontera durante varios años, lo que ocasionó que unos 400.000 indocumentados residan ahora en ese estado.
En Estados Unidos muchas personas apoyan la iniciativa y uno de ellos es William Gheen, de Carolina del Norte, quien encabeza un grupo llamado Comité de Acción Política Estadounidenses por una Inmigración Legal.
“La inmigración ilegal desplaza y reemplaza a los trabajadores estadounidenses, a los estudiantes, a la gente que usa las instalaciones de salud pública”, dijo.
Para Ghenn eso trae como resultado la pérdida de “cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes, y hasta algunos estadounidenses pierdan la vida porque nuestras fronteras se violan y nuestras leyes de inmigración no se hacen cumplir”.
Según Gheen, si la Corte Suprema valida la ley eso le daría libertad de acción a los estados para adoptar duras medidas contra la inmigración de indocumentados. De ser así, dijo “trataremos inmediatamente de aprobar cuantas leyes similares sean posibles lo más rápido que se pueda”.
La decisión
Se espera que el fallo de la corte se produzca a fines de junio, y cualquiera que sea su decisión podría tener impacto especialmente en un año como éste, de elecciones presidenciales y legislativas.
El debate de qué hacer con la inmigración de indocumentados sigue siendo un importante asunto político y afecta la capacidad de apelación que tienen tanto los candidatos demócratas como los republicanos frente los votantes hispanos.
Las encuestas de opinión indican que una abrumadora mayoría de los hispanos, que son el segmento de electores de mayor crecimiento en el país, están en contra de la ley de Arizona.
Los magistrados del máximo tribunal deben considerar si una ley del estado de Arizona que penaliza la inmigración de indocumentados se contrapone a la autoridad de que goza el gobierno federal para dictar leyes en la materia.
La legislación estatal SB 1070 estipula que la policía revise el estatus de inmigración de los detenidos y de aquellas personas que sospeche que están ilegalmente en el país. La ley también define como un delito que los inmigrantes indocumentados trabajen en Arizona.
El gobierno federal ha bloqueado varias cláusulas de la ley en varias cortes de distrito, bajo el argumento de que la responsabilidad de cuidar las fronteras del país compete sólo a las autoridades federales y al Congreso, no a los estados.
De hecho, un grupo de estados ha aprobado leyes similares a la de Arizona, y también estarán atentos al fallo de la Corte Suprema.
Los que se oponen
Los críticos de la ley de Arizona alegan que ésta además ha tenido un efecto polarizador en el estado.
“Soy de la cuarta generación de mexicano-americanos en Arizona y nunca he visto tal división en nuestro estado”, dijo Petra Falcon, miembro de un grupo de activistas conocidos como Promesa Arizona quien sostiene que le legislación ha provocado también ira y temores.
Entre los que se oponen a la SB 1070 están organizaciones hispanoamericanas como el Consejo Nacional de la Raza, cuya directora de inmigración y campañas nacionales, Clarissa Martínez, dijo que para muchos inmigrantes EE.UU. es “un ideal y parte de una inspiración”.
Se estima que en todo el país residen en total unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Los que la apoyan
Quienes simpatizan con la ley de Arizona dicen que las autopridades estatales se vieron forzadas a actuar porque el gobierno federal falló en dar seguridad a la frontera durante varios años, lo que ocasionó que unos 400.000 indocumentados residan ahora en ese estado.
En Estados Unidos muchas personas apoyan la iniciativa y uno de ellos es William Gheen, de Carolina del Norte, quien encabeza un grupo llamado Comité de Acción Política Estadounidenses por una Inmigración Legal.
“La inmigración ilegal desplaza y reemplaza a los trabajadores estadounidenses, a los estudiantes, a la gente que usa las instalaciones de salud pública”, dijo.
Para Ghenn eso trae como resultado la pérdida de “cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes, y hasta algunos estadounidenses pierdan la vida porque nuestras fronteras se violan y nuestras leyes de inmigración no se hacen cumplir”.
Según Gheen, si la Corte Suprema valida la ley eso le daría libertad de acción a los estados para adoptar duras medidas contra la inmigración de indocumentados. De ser así, dijo “trataremos inmediatamente de aprobar cuantas leyes similares sean posibles lo más rápido que se pueda”.
La decisión
Se espera que el fallo de la corte se produzca a fines de junio, y cualquiera que sea su decisión podría tener impacto especialmente en un año como éste, de elecciones presidenciales y legislativas.
El debate de qué hacer con la inmigración de indocumentados sigue siendo un importante asunto político y afecta la capacidad de apelación que tienen tanto los candidatos demócratas como los republicanos frente los votantes hispanos.
Las encuestas de opinión indican que una abrumadora mayoría de los hispanos, que son el segmento de electores de mayor crecimiento en el país, están en contra de la ley de Arizona.
