Un congresista republicano por Texas prometió impugnar al presidente Barack Obama si lleva a la práctica sus planes de establecer medidas para un mayor control sobre la venta y posesión de armas de fuego mediante órdenes ejecutivas pasando por alto al Congreso.
El artículo primero de la Constitución de EE.UU. garantiza que por mandato de la Cámara de Representantes los altos funcionarios federales o estatales pueden ser sometidos a juicio político en casos de delitos graves, un procedimiento que en el país se conoce como impeachment.
Una declaración difundida por el representante Steve Stockman calificó los planes de Obama de “ataque desmedido e inconstitucional a los mismos principios de fundación de la república”.
De acuerdo con el legislador, buscará frustrar las intenciones del presidente “por cualquier medio necesario, incluyendo pero no limitándose a eliminar los fondos para financiarlas, dejando sin recursos a la Casa Blanca, e incluso impugnando” a Obama.
El presidente señaló en una rueda de prensa la víspera se partidario de mayor control sobre las armas y dijo que dará los pasos necesarios permitidos bajo su autoridad para que no se repitan matanzas como la del mes pasado en la escuela primaria de Newtown, en Connecticut, donde murieron 26 personas, 20 de ellas niños.
El exsecretario de Justicia de EE.UU. Edwin Meese dijo a la revista conservadora y portal de noticias Newsmax que si Obama trata de hacer caso omiso a la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza a los estadounidenses el derecho a poseer armas de fuego, estaría cometiendo un delito susceptible de impugnación.
“Una orden ejecutiva sin la autoridad específica del Congreso puede aplicarse sólo en dependencias del gobierno que están bajo su control (del presidente), en otras palabras, a la rama ejecutiva”, dijo Meese.
“Pero para imponer restricciones o regulaciones que afecten a la sociedad en general –precisó—tendría que tener autorización del Congreso”.
Sólo dos presidentes han sido objeto de juicios políticos en la historia del país: Andrew Jackson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998. En 1999, el Senado de EE.UU. votó a favor de eximir a Clinton de los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia por los que la Cámara de Representantes lo impugnó.
El artículo primero de la Constitución de EE.UU. garantiza que por mandato de la Cámara de Representantes los altos funcionarios federales o estatales pueden ser sometidos a juicio político en casos de delitos graves, un procedimiento que en el país se conoce como impeachment.
Una declaración difundida por el representante Steve Stockman calificó los planes de Obama de “ataque desmedido e inconstitucional a los mismos principios de fundación de la república”.
De acuerdo con el legislador, buscará frustrar las intenciones del presidente “por cualquier medio necesario, incluyendo pero no limitándose a eliminar los fondos para financiarlas, dejando sin recursos a la Casa Blanca, e incluso impugnando” a Obama.
El presidente señaló en una rueda de prensa la víspera se partidario de mayor control sobre las armas y dijo que dará los pasos necesarios permitidos bajo su autoridad para que no se repitan matanzas como la del mes pasado en la escuela primaria de Newtown, en Connecticut, donde murieron 26 personas, 20 de ellas niños.
El exsecretario de Justicia de EE.UU. Edwin Meese dijo a la revista conservadora y portal de noticias Newsmax que si Obama trata de hacer caso omiso a la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza a los estadounidenses el derecho a poseer armas de fuego, estaría cometiendo un delito susceptible de impugnación.
“Una orden ejecutiva sin la autoridad específica del Congreso puede aplicarse sólo en dependencias del gobierno que están bajo su control (del presidente), en otras palabras, a la rama ejecutiva”, dijo Meese.
“Pero para imponer restricciones o regulaciones que afecten a la sociedad en general –precisó—tendría que tener autorización del Congreso”.
Sólo dos presidentes han sido objeto de juicios políticos en la historia del país: Andrew Jackson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998. En 1999, el Senado de EE.UU. votó a favor de eximir a Clinton de los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia por los que la Cámara de Representantes lo impugnó.
