El ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres, acusó a Estados Unidos de fraguar un complot a dos manos con opositores venezolanos para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Rodríguez dijo que hay 58 extranjeros detenidos que habrían sido parte de tal conspiración como "mercenenarios" y tuvieron que ver con las recientes protestas antigubernamentales.
Como parte de los presuntos planes para desestabilizar al gobierno de Maduro, el ministro citó que estaban involucrados, entre otros, los opositores Antonio Ledezma, Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria y un bufete en Miami.
En ese bufete, según dijo el ministro, está Dexter Lehtinen, esposo de la influyente legisladora estadounidense Ileana Ross-Lehtinen, presidenta de un subcomité en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La congresista desmintió mediante un comunicado que EE.UU. esté involucrado en alguna conspiración contra Venezuela y calificó las acusaciones de “paranoicas”.
Ross-Lehtinen dijo que las acusaciones lanzadas por el régimen venezolano contra Washington y ahora contra su esposo “no son verdad”, pero añadió que no le sorprende que “Maduro, como (los hermanos) Castro, continúe tratando de culpar a Estados Unidos por sus propias fallas".
Según las acusaciones de Rodríguez, el complot buscaba documentar violaciones y abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno de Maduro para engrosar un expediente y en base a él adoptar medidas políticas y militares contra Venezuela.
Ross-Lehtinen preguntó que si al régimen venezolano en verdad le preocupa la injerencia extranjera en el país “¿por qué no expulsa a todos los militares cubanos y miembros de la Inteligencia que ayudan a su régimen y a los 'colectivos' a cometer violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Venezuela?".
El propósito de estas acusaciones contra EE.UU., dijo, es “distraer la atención de los abusos a los derechos humanos, la censura a la prensa, la alta inflación, los recortes de alimentos, y las fallas económicas por los cuales el régimen es responsable".
En el supuesto plan desestabilizador, el ministro Roríguez también implicó al expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien negó estar detrás de las protestas en Caracas aunque precisó que sí se opone a “la tiranía castrochavista de Venezuela que es socia de la terrorista FARC".
Rodríguez dijo que hay 58 extranjeros detenidos que habrían sido parte de tal conspiración como "mercenenarios" y tuvieron que ver con las recientes protestas antigubernamentales.
Como parte de los presuntos planes para desestabilizar al gobierno de Maduro, el ministro citó que estaban involucrados, entre otros, los opositores Antonio Ledezma, Leopoldo López, María Corina Machado, Diego Arria y un bufete en Miami.
En ese bufete, según dijo el ministro, está Dexter Lehtinen, esposo de la influyente legisladora estadounidense Ileana Ross-Lehtinen, presidenta de un subcomité en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La congresista desmintió mediante un comunicado que EE.UU. esté involucrado en alguna conspiración contra Venezuela y calificó las acusaciones de “paranoicas”.
Ross-Lehtinen dijo que las acusaciones lanzadas por el régimen venezolano contra Washington y ahora contra su esposo “no son verdad”, pero añadió que no le sorprende que “Maduro, como (los hermanos) Castro, continúe tratando de culpar a Estados Unidos por sus propias fallas".
Según las acusaciones de Rodríguez, el complot buscaba documentar violaciones y abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno de Maduro para engrosar un expediente y en base a él adoptar medidas políticas y militares contra Venezuela.
Ross-Lehtinen preguntó que si al régimen venezolano en verdad le preocupa la injerencia extranjera en el país “¿por qué no expulsa a todos los militares cubanos y miembros de la Inteligencia que ayudan a su régimen y a los 'colectivos' a cometer violaciones de derechos humanos contra el pueblo de Venezuela?".
El propósito de estas acusaciones contra EE.UU., dijo, es “distraer la atención de los abusos a los derechos humanos, la censura a la prensa, la alta inflación, los recortes de alimentos, y las fallas económicas por los cuales el régimen es responsable".
En el supuesto plan desestabilizador, el ministro Roríguez también implicó al expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien negó estar detrás de las protestas en Caracas aunque precisó que sí se opone a “la tiranía castrochavista de Venezuela que es socia de la terrorista FARC".
