![El flujo migratorio de venezolanos es una de las mayores crisis de los últimos tiempos y expertos insisten en la necesidad de mantener la atención internacional. [Foto de Archivo, Caracas, Venezuela, 14 de septiembre de 2019]](https://gdb.voanews.com/045574fa-9cf5-4033-bc4b-ea0fb89758a9_cx0_cy10_cw0_w250_r1_s.jpg)
Sergio Contreras es un abogado venezolano refugiado en España, donde llegó en 2018, luego de huir de Venezuela por razones políticas. Allí, después de vivir circunstancias que nunca imaginó, logró asentarse y crear Refugiados Sin Fronteras, una asociación civil dedicada a defender los DDHH de refugiados, migrantes y desplazados.
Después de tener una vida pública en Venezuela, “enfrentarse a una gran cantidad de dificultades” nunca planteadas, entre ellas las trabas para acceder al mercado laboral, son algunos de los aspectos “más duros” de ser refugiado, dice Contreras.
“Ya no ser nadie, no tener profesión, que nadie te conozca, tener que ir a buscar comida en un banco de alimentos, tener que buscar ropa en una iglesia. Ver a personas importantes también haciendo fila para buscar ropa, eso te hace reconfigurar todo el marco de realidad”, subraya.
Pero lo más duro, afirma, es plantearse el escenario de recibir una llamada que anuncie que alguno de sus seres más queridos “se fue” sin poder estar presente, una realidad que, insiste, viven refugiados y desplazados de todas las nacionalidades.
“Mano amiga”
Enfrentarse a las adversidades llevó a Contreras a iniciar un proceso de adaptación, aprendizaje y búsqueda de “ser útil a los demás” a través de Refugiados Sin Fronteras, organización que surgió partiendo de su experiencia, luego de verse obligado a vivir, durante unos 7 meses, en dos refugios junto a su esposa, en ese entonces embarazada y su hijo mayor.
Al principio, el proyecto buscaba diferenciarse por completo de otras ONG y estaba orientado a trabajar con aspectos relacionados con el tema del derecho humanitario internacional, pero la llegada de la pandemia del COVID-19 llevó a los integrantes de la organización a replantear su rol e implementar un plan de “ayuda de emergencia”.
“Lo cambió todo. El plan estaba destinado a llevar comida a los refugiados que estaban en sus casas, que no podían salir porque trabajaban en sectores bloqueados por la pandemia y sabíamos que esas personas no iban a tener dinero para comer o pagar el alquiler. Nos apoyó la Iglesia católica, unimos esfuerzos con chef venezolanos y recibimos alimentos de comedores escolares que estarían cerrados”, relata.
Una alianza con Glovo, una empresa emergente española de repartidores, permitió distribuir la ayuda, evitando así desplazamientos que podrían contribuir con la propagación del virus.
Pero el hecho de cocinar a diario y coordinar la logística no era sostenible en el tiempo, lo que los llevó a convertirse en un banco de alimentos.
“Estamos entregando 9 toneladas de alimentos a familias de refugiados, en situación de vulnerabilidad. Atendemos a unas 750 familias en un mismo día, tenemos una capacidad importante de almacenamiento, pero, además, un voluntariado de 240 personas (…) atendemos a personas de toda Hispanoamérica, también a familias vulnerables españolas, atendemos a quienes tocan nuestra puerta sin importar su nacionalidad”, explica.
A la par, la organización, que mantiene una línea de trabajo permanente con ACNUR, fomenta actividades culturales latinoamericanas. Notaron que es “una de las fórmulas” para disminuir el “daño antropológico” que generan los procesos de movilidad humana forzada.
El presidente de Refugiados Sin Fronteras apunta que, junto a ACNUR, están trabajando en la construcción de un hub de organizaciones lideradas por refugiados de diversas nacionalidades.
Contreras, en ese momento profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y activista del partido Voluntad Popular (VP), fue detenido en 2017 mientras pedía a funcionarios de la fuerza pública no reprimir a un grupo de personas que participaban en una de las tantas protestas antigubernamentales de ese año y que ahora forman parte de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano.
El abogado estuvo en una de las sedes de los Servicios Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde asegura haber conocido el “rostro” de un Estado que busca “oprimir a los ciudadanos”.
Fue imputado por delitos de rebelión militar, traición a la patria y sustracción de efectos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y enviado a una prisión militar donde asegura haber evidenciado una situación de “hacinamiento” y casos de “tortura”.
Salió de la cárcel por asuntos médicos, pero posteriormente recibió información de que volvería a ser detenido, por lo que huyó de Venezuela, en parte gracias a la colaboración de “dos ex presidentes latinoamericanos y uno en ejercicio” en ese entonces.
Replantear el derecho internacional
Actualmente los refugiados de todas las nacionalidades enfrentan múltiples retos, uno de los más importantes, para Laura Dib, directora para Venezuela de WOLA, es reconocer que el derecho internacional “se ha dado corto” para dar respuesta a las categorías creadas e insiste en la necesidad de entender la situación “desde una mirada más amplía”.
“Cómo se puede responder a esta población sin entrar en la discusión de las categorías, sino entendiendo que la protección internacional es para todas aquellas personas cuya vida, libertad o integridad personal corren peligro y que esas personas no pueden ser regresadas a ese lugar donde no tienen protección”, afirma consultada por la Voz de América.
En ese sentido, Dib, abogada de la Universidad Metropolitana en Venezuela con maestría en derecho internacional humanitario de la Universidad de Notre Dame, añade que los marcos normativos de los Estados son “insuficientes”.
“También la estructura del Estado suele ser inoperativa para dar respuesta a esos flujos masivos”, subraya.
Además, Dib insiste en que es necesario continuar sensibilizando al mundo sobre la situación actual que vive Venezuela, donde “no ha cesado” la emergencia humanitaria compleja.
“Falta mucho para que la gente entienda realmente cuál es la situación en Venezuela. Venezuela no es Caracas”, insiste.
Contreras añade que el acceso al sistema de asilo, a la vivienda, la bancarización y las posibilidades de obtener un permiso de trabajo, son unos de los mayores retos para los refugiados, a pesar de tener altos niveles de preparación.
Puntualmente, en el caso de España y Europa en general, considera que otro desafío es dejar de ver a la migración como un “problema” y enfocarlo como una “oportunidad” para revitalizar espacios productivos.
Además, coincide en que los marcos normativos deben cambiar y deben “adecuarse” a las realidades sociales para generar soluciones jurídicas que preserven, entre otras cosas, el derecho a la identidad; lo dice con propiedad porque lo vive en carne propia, su hijo menor nació en España y es apátrida.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), contabiliza 7.239.953 venezolanos refugiados y migrantes en el mundo; 211.944 han sido reconocidas bajo la condición de refugiados y hasta el momento al menos 1.039.207 venezolanos tienen solicitudes pendientes de esa condición. De acuerdo a ACNUR buscan “protección y una vida mejor”.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cuestionado las cifras y ha denunciado en varias ocasiones la “politización” de los organismos internacionales de migración. Pero, además, no reconoce las barreras que existen para acceder a documentos de identidad fuera del país.
![Un migrante venezolano muestra su pasaporte en Costa Rica. [Foto archivo/Houston Castillo, VOA]](https://gdb.voanews.com/01460000-0aff-0242-213c-08da7123e26f_w100_r1.jpg)
Desde al menos el 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que ha causado “masivas, múltiples y severas” privaciones de diversos derechos que se evidencian en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos, expone HumVenezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil que miden los impactos de la crisis.
La situación, exacerbada por la pandemia de COVID-19, ha causado que el país se haya convertido en el “más desigual” de la región desde el punto de vista de ingresos, de acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).
Se trata de un panorama sombrío que, para expertos y ciudadanos de a pie, está “lejos de evolucionar hacia una pronta salida” y estiman que, hasta tanto no se produzcan cambios estructurales y políticos, el escenario es y será que la migración de venezolanos no va a cesar.
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