El presidente ecuatoriano Daniel Noboa renovó un estado de excepción en todo el país por la “grave conmoción interna”, prorrogando 30 días más las restricciones de ciertas libertades con la intención de mantener el orden público y combatir la violencia.
El objetivo del estado de excepción es “garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica”, y para ello la policía y las fuerzas armadas deberán actuar en apego al ordenamiento jurídico ecuatoriano y en respeto a los derechos humanos, señaló el decreto suscrito el jueves por el mandatario.
La disposición restringe derechos como la libre movilidad, con un toque de queda zonificado que va desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada en las zonas de mayor peligrosidad, y se va reduciendo en otras.
Además se limita el derecho de reunión, de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Sobre esta última, el documento especifica que debe encaminarse “al fin legítimo que es la identificación, análisis y recopilación de mensajes que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier ppl (persona privada de libertad)” o el ocultamiento de una conducta ilícita.
El 8 de enero, Noboa declaró el primer estado de excepción de su gobierno, con una duración de 60 días, luego de que se conociera que el narcotraficante Adolfo Macías, alias “Fito”, se había fugado de una cárcel de Guayaquil.
La fuga de Macías, reconocida oficialmente varios días después, derivó en una ola de ataques violentos que incluyeron la toma de un canal de televisión mientras transmitía en vivo por parte de un grupo de hombres armados.
A ello siguió otro decreto de Noboa en el que manifestó que el país se encontraba en un “conflicto armado interno” y declaró la guerra a 22 organizaciones criminales, a las que calificó de terroristas y “objetivo militar”.
Desde entonces policías y militares aglutinados en el denominado bloque de seguridad realizan operativos permanentes en diferentes ciudades del país, especialmente en Guayaquil —una de las más peligrosas—, así como dentro y fuera de las cárceles que, según las autoridades son el centro de mando desde donde se ordena cometer todo tipo de delitos.
Según el último reporte oficial, durante la vigencia del estado de excepción se ha detenido a más de 11.300 personas, 280 de las cuales están acusadas de cometer actos terroristas, mientras que 12 criminales han sido abatidos y 3 policías han fallecido. Se han decomisado más de 64 toneladas de droga.
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