Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron el lunes arrestos arbitrarios, malos tratos a los detenidos, desapariciones forzadas de corto plazo y hasta la muerte de al menos dos personas cuando estaban bajo la custodia de las autoridades durante el régimen de excepción en El Salvador.
“Un número creciente de evidencias indican que las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos desde que se adoptó el régimen de excepción” el 27 de marzo, señalaron en un informe Human Rights Watch y la Fundación Cristosal, que trabaja en la defensa de los derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras.
A pedido del presidente Nayib Bukele el Congreso de El Salvador prorrogó el 24 de abril el estado de excepción para continuar combatiendo a las maras o pandillas, a las que responsabilizan de una ola de asesinatos que sólo el sábado 26 de marzo registró 62 homicidios.
El estado de excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Según información oficial, hasta el 30 de abril las fuerzas de seguridad habían capturado 22.115 presuntos pandilleros. Los tribunales de justicia decretaron la detención preventiva de 10.885 imputados.
“Durante los primeros 30 días del régimen de excepción promovido por Bukele hemos documentado evidencias de detenciones arbitrarias de personas inocentes, que en algunos casos han sido sujetas a desapariciones forzadas de corta duración, así como casos alarmantes de muertes bajo custodia”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Los hallazgos de Human Rights Watch y Cristosal se basan en 43 entrevistas con víctimas, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, como en el análisis de fotografías, documentos judiciales y registros médicos que corroboraron sus testimonios.
Cristosal dijo que identificó diversos patrones de violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades policiales, militares y del sistema de justicia durante el régimen de excepción y que han atendido 147 casos de personas detenidas arbitrariamente, identificándose además tratos crueles y reiteradas violaciones a las garantías judiciales mínimas.
Desde el 27 de marzo y horas antes de que el Congreso aprobara el estado de emergencia, unidades policiales y militares fuertemente armadas irrumpieron en barrios y comunidades de bajos recursos, supuestos bastiones de las pandillas, y sin tener que dar explicaciones fueron de puerta en puerta sacando a la rastra a numerosos jóvenes. También bloquearon los accesos con alambres de púas, decidieron quién entraba y salía y exigieron identificaciones.
En 12 de los casos investigados testigos vieron a agentes de las fuerzas de seguridad tomar fotografías de las personas al momento de la detención. En algunos de estos casos las fotografías fueron publicadas más tarde en las redes sociales de las fuerzas de seguridad. Las publicaciones acusaban a los detenidos de ser pandilleros o terroristas antes de haber sido presentados ante un juez, señaló el informe.
Human Rights Watch y Cristosal documentaron dos casos de personas detenidas durante el régimen de excepción que murieron bajo custodia de las autoridades. Hay informes periodísticos de otros tres casos.
El informe advirtió que es muy probable que el volumen de detenciones haya agudizado el hacinamiento carcelario en el país. En diciembre las prisiones salvadoreñas ya estaban operando a un 136% de su capacidad. El 19 de abril el Congreso aprobó una ley para construir nuevas prisiones para albergar a los pandilleros.
En tanto, el gobierno salvadoreño continúa capturados cientos de supuestos miembros o colaboradores de las llamadas maras o pandillas que tienen presencia en populosos barrios del país y que están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. Las pandillas además extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En agosto de 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró grupos terroristas a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18. La Sala, en su sentencia, también declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de las pandillas.
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