Las autoridades de seguridad de El Salvador presentaron el lunes a dos presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha a los que responsabiliza del asesinato de un humilde campesino en el municipio de Comasagua, al suroeste de la capital, mientras que más de 2.000 soldados apoyados por unos 500 policías de las fuerzas elites mantienen desde la víspera un cerco en ese poblado en persecución de más pandilleros.
Los presuntos cabecillas fueron identificados como Carlos Antonio Valladares, alias “Delincuente o Flash” y Carlos Alberto Mencía Pérez, alias “Chan Chun o Niño”. También se mostró a la prensa a dos supuestos miembros de la clica “Witmer Locos Salvatruchos” que por años “ha estado amenazando y destrozando a las familias de Comasagua”, manifestó en conferencia de prensa el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas.
Desde las primeras horas del domingo, unidades de la Sección Táctica Operativa de la Policía tomaron control de la carretera de acceso a Comasagua, ubicada a 29 kilómetros de San Salvador, con patrullajes y registros en la carretera y calles del municipio para verificar que las personas no tengan cuentas pendientes con la justicia.
Todos los vehículos del trasporte de pasajeros y particulares fueron inspeccionados y únicamente las personas que residen en Comasagua podían salir o entrar a la zona previa identificación. Policías informaron que el control es indefinido, ya que sigue la persecución de otros pandilleros que han buscado refugio en la zona montañosa del lugar.
Un policía que cubría su rostro y que pidió que no se lo identificara dijo a The Associated Press que, además de los presuntos responsables del asesinato del campesino, se habían detenido hasta el momento a más de 20 pandilleros.
“Ya todo está tranquilo, la periferia, (aunque) en los cafetales es que ha estado fregado; aquí en el pueblo no hemos tenido problemas”, afirmó Carlos Peña, un profesor de Educación Físca que vive en el lugar y que contó que los militares lo detuvieron, le pidieron los documentos de identidad, le preguntaron si tenía tatuajes y si portaba armas.
“Les dije que no, me levanté la camisa y me dejaron pasar”, aseguró.
Las autoridades explicaron que antes de montar el cerco militar se hizo un trabajo de inteligencia para capturar a supuestos asesinos, que ya habían contactado con sus “compinches para sacarlos”. Señalaron que les decomisaron armas, drogas y celulares.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aprovechó para llamar nuevamente a las pandillas a que se rindan. “Sólo tienen dos caminos: la cárcel o caer a manos de nuestras fuerzas del orden”.
Recientemente el Congreso reformó el Código Penal para convertir en delito el formar parte de una pandilla, lo que podría sancionarse con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras que los cabecillas podrían recibir sentencias de 40 a 45 años de cárcel.
Después de que el 26 de marzo se reportaron 62 homicidios en un día, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo, el Congreso aprobó el estado de excepción, el cual limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivo de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de aquellos considerados sospechosos.
Las autoridades han informado que en lo que va del estado de excepción se han capturado 54.044 personas, de las cuales 47.893 han pasado a detención preventiva, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas, y el resto han sido liberados.
En agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En su sentencia declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de esos grupos.
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