Sin poder contener las lágrimas, pero exigiendo justicia y reparación, familiares de campesinos masacrados por soldados hace 38 años recibieron el jueves las osamentas de seis de las víctimas de unas de las más sangrientas matanzas perpetradas por los militares durante la guerra civil de El Salvador.
“Gracias a Dios hemos venido a recoger los huesitos de nuestros familiares”, dijo Juana de Jesús Regaleño Bonilla, mientras estaba por recibir los pequeños ataúdes con los restos de sus padres, tres hermanas y una cuñada, que afirma fueron asesinados por efectivos de la fuerza armada el 22 de agosto de 1982.
Los restos que se entregaron fueron exhumados entre el 28 y el 1 de noviembre de 2019 y después de su respectivo estudio, el estatal Instituto de Medicina Legal, hizo la entrega formal a sus familiares, que dijeron harán el sepelio en El Calabozo, donde se perpetro la matanza.
“Para mi es duro recibir sus huesitos, pero me hago fuerte y tengo que ser fuerte para exigir justicia. Ellos fueron masacrados, fue una mortandad de gente inocente”, agregó la mujer de más de 51 años.
Juana de Jesús dijo que, junto a sus padres, los soldados acribillaron a balazos a tres de sus hermanas, una de 18 años que aseguran estaba embarazada, otra de 14 y una de 10 años.
“No podemos olvidar lo que pasó. Pedimos justicia, reparación y verdad, mataron ancianos, mujeres y niños, quemaron las casas, se robaron todo lo que teníamos y lanzaron los cuerpos al río”, manifestó María Berta Regaleño.
La masacre de El Calabozo, como es conocida, se perpetró durante un operativo militar del 17 al 25 de agosto de 1982 en los municipios de San Esteban Catarina, San Lorenzo, Santa Clara y lugares aledaños, en el departamento de San Vicente en la zona central del país. En este periodo, se asegura, unos 200 campesinos --en su mayoría ancianos, mujeres y niños-- fueron asesinados.
El exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, que representa a las víctimas, impulsó en 2016 la reapertura del caso, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía, que impidió que estos casos fueran investigados.
Morales explicó a The Associated Press que en 1992 el juicio fue abandonado y en 2006 fue arbitrariamente cerrado, “pero ahora esperamos otra actitud ante un crimen como este”.
Señaló también que la Corte Suprema además ordenó desarchivar el caso de El Calabozo y reiniciar las investigaciones.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó la matanza y fue divulgado en 1993, después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil, concluyó que “existen pruebas suficientes de que el 22 de agosto de 1982, efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de doscientos civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin resistencia”.
Las víctimas habían llegado al lugar desde diversas procedencias, huyendo de un vasto operativo militar antiguerrillero que se había iniciado en la zona y en el que participaban unidades de infantería, artillería y apoyo aéreo.
Morales dijo que con la confirmación del asesinato de seis de los miembros de la familia Regaleño “se fortalece la prueba en un crimen donde los victimarios trataron de destruir toda la evidencia” lanzando a un río a la mayoría de los fallecidos. “Las personas fallecidas regresan de la muerte y los huesos hablan, confirman lo que pasó”.
En el juicio a cargo de Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en el departamento de San Vicente, aparecen como acusados por el crimen masivo el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, en su momento comandante del operativo y comandante del Destacamento Militar Numero Dos; el coronel José Antonio Meléndez, excomandante del Batallón Ramón Belloso; el exministro de Defensa, José Guillermo García, y el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, General Rafael Flores Lima.
